Raúl Contreras Bustamante

Para combatir la propagación de la pandemia del covid-19 se han tenido que implementar en todo el mundo medidas de aislamiento de la sociedad en sus hogares y la suspensión de actividades públicas, entre otras acciones.

Se les ha dado en llamar medidas de “confinamiento social”, aunque para los abogados el término nos resulta desagradable, ya que esa palabra —según el Diccionario de la Lengua Española— significa: “Pena por la que se obliga al condenado a vivir temporalmente, en libertad, en un lugar distinto al de su domicilio”, que no corresponde a lo que la sociedad está padeciendo.

Considerando la crisis económica producida por el cese de actividades sociales y el hecho indiscutible de que la disposición y aplicación de una vacuna contra el virus va a tardar todavía muchos meses, los gobiernos se han visto en la necesidad de ir reactivando las cosas de forma gradual.

Existen tres asuntos en que los gobiernos del ámbito federal, estatal y municipal, tienen que aplicarse para que no resulten efectos negativos o hasta contraproducentes.

La primera, es la normatividad para regular la salida paulatina del confinamiento. Las medidas implementadas han afectado y limitado las libertades de tránsito, trabajo, reunión, por citar algunas. Esas disminuciones a los derechos humanos sólo deberían ser determinadas por el Consejo de Salubridad General, mismo que ha estado muy remiso en su actuación.

Los gobernadores y alcaldes —ante ese vacío legal— han instrumentado algunas cosas eficaces y otras de plano absurdas. Pero se requieren reglas generales claras y precisas.

La segunda, es prever el factible incremento de delitos comunes. Según datos ofrecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios registrados a nivel nacional durante el mes de marzo —mes en que se decretó la suspensión de actividades no esenciales— fue de 3,994 casos, disminuyendo durante abril y mayo, presentándose 3,580 y 3,420 casos, respectivamente.

Se requiere del diseño de una estrategia por parte de las autoridades que prevea que el regreso a la nueva realidad significará —de manera natural— un repunte en la incidencia delictiva, en razón de que, a mayor número de personas en la calle, mayor número de potenciales víctimas. Lo anterior sin mencionar —hay que decirlo— que ante el desempleo provocado por la pandemia, algunos optarán por el camino fácil de la delincuencia, lo que probablemente provocará el incremento en la comisión de delitos.

La tercera situación que habrá que tomar en cuenta, es la reapertura de los tribunales en todo el país. La ausencia de impartición de justicia es un asunto que ha complicado la vida social.

Además de la saturación que ya padecían, con estos más de cuatro meses de parálisis casi total, los juzgados tendrán que enfrentar un incremento considerable en la carga de trabajo.

Una consecuencia positiva sería, que derivado de los efectos de la pandemia, las autoridades entendieran el artículo 17 de la Constitución, que dispone que se debieran de privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversias, por encima de los litigios. Entender y comprender los fenómenos hasta aquí expuestos será de vital importancia, pues de por medio se encuentran los derechos de todas y todos los mexicanos.

Lo peor que podría sucederle al país en el camino hacia una nueva realidad, sería que además de las crisis de salud pública y economía que padecemos, le sigan, además, calamidades como el abuso de autoridad, inseguridad y una deficiente impartición de justicia.

Como Corolario, las palabras del filósofo alemán Arthur Schopenhauer: “El cambio es la única cosa inmutable”.