El viernes pasado 5 de abril en Quito, Ecuador, sin consentimiento de nuestra Embajadora Raquel Serur, quien había sido declarada “persona non grata”, ni del Jefe de la Misión Consular, Roberto Canseco Martínez, fuerzas policiacas irrumpieron violentamente la sede de nuestra Embajada, violando una serie de principios fundamentales relacionados con las obligaciones de un Estado receptor con relación a las legaciones diplomáticas y vehículos oficiales en su territorio, con el objeto de capturar al ex vicepresidente Jorge Glas Espinel, quien tramitaba el asilo político de México.

La reacción inmediata ordenada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, fue el rompimiento de relaciones y el regreso del personal de la Embajada y sus familiares, así como su anuncio de recurrir a la Corte Internacional de Justicia, por la violación de reglas básicas que protegen las sedes diplomáticas en todo el mundo, consideradas como inviolables. Dichas reglas corresponden a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Como era de esperarse, en diversos tonos, se han producido manifestaciones de repudio de gobiernos de la región y del mundo, así como vendrán otras más de organismos multilaterales, lo que deja en claro que el actual Gobierno de Ecuador ha ignorado los principios básicos que rigen a las misiones diplomáticas y sus sedes.

Curiosamente en 2012, la legación diplomática ecuatoriana en Londres reclamó esas mismas reglas hoy violadas, cuando se pretendió capturar a Julián Assange, fundador del portal Wikileaks quien se hallaba dentro de su sede. En aquel conflicto el gobierno del Ecuador reaccionó en estos términos: “El gobierno del Ecuador tiene la certeza de que el gobierno británico sabrá valorar la justicia y rectitud de la posición ecuatoriana, y en consonancia con estos argumentos, confía en que el Reino Unido ofrecerá lo antes posible las garantías o el salvoconducto necesarios y pertinentes a la situación del asilado, de tal manera que sus gobiernos puedan honrar con sus actos la fidelidad que le deben al derecho y a las instituciones internacionales que ambas naciones han contribuido a forjar a lo largo de su historia común”

Para la historia queda el nombre de Daniel Noboa Azín, nacido en Miami, Florida, de 36 años de edad, el Presidente de Ecuador que ordenó la violación a la Convención de Viena de 1961. Cambian los gobernantes, pero los principios, valores gubernamentales y acuerdos internacionales deben permanecer.