Luis Acevedo
Pesquera
El Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) concluyeron su reunión
anual de otoño con dos temas impostergables a la luz de los efectos de la
pandemia del COVID-19: el reconocimiento de que el confinamiento ha sido una
media eficaz en términos sanitarios, aunque su costo ha sido socialmente
elevado en algunos países y la necesidad impostergable de emprender una reforma
hacendaria si el objetivo es el de combatir la creciente pobreza.
La segunda
sugerencia para los países miembros resulta impostergable debido a la secuela
de desempleo y el ahondamiento de las condiciones de desigualdad de
oportunidades abiertas por la paralización de actividades económicas, que
fueron menos costosas para la economía si con los recursos existentes se
hubiera tratado de contener la curva de contagios.
Imaginemos lo
que hubiera sucedido en México de no haberse impuesto el confinamiento. Es muy
probable que el análisis inicial de los efectos de la emergencia sanitaria se
centró exclusivamente en la idea de que sería un problema pasajero, de días o
quizá de un par de semanas, pero no de meses y eso fue lo que alentó al
presidente a no establecer, como exigía la lógica global, a no proponer un plan
contracíclico de emergencia económica centrado en la defensa del empleo formal
como fuente del consumo interno y de impuestos, que derivó en un desplome del
PIB del orden de 20 por ciento.
Desde una
perspectiva ideológica limitada, se pensó que evitar endeudamiento, aun cuando
el país dispone de una cartera de 60 mil millones de dólares con el FMI con
tasas de interés casi marginales, sin considerar que por no utilizar esos
recursos de todas maneras el país tendrá que pagar 160 millones de dólares en
este año.
Como sea, por
diversas circunstancias, entre las que destaca la caída de la economía, la
deuda pasará de 45 por ciento a no menos de 55 por ciento del PIB en un año, lo
que significa un sacrificio socioeconómico para el pago de intereses y
amortizaciones.
No solo eso,
preferir el mantenimiento de inversiones públicas en obras comprometidas desde
la campaña política como Santa Lucía y el Tren Maya o insistir en obras
faraónicas para el sector petrolero, con la creencia de que impulsarían de
inmediato inversiones privadas y empleos, cuando las condiciones internas son
adversas en materia política y jurídica, anticipa que la recuperación será más
lenta y difícil de lo deseable.
Para poder
imaginar las dificultades económicas conviene considerar que la mayoría de los
países destinaron alrededor del 15 por ciento del PIB para conservar a la
planta productiva, el empleo y promover la inversión privada, en México los
programas gubernamentales no representan siquiera 0.7 por ciento del PIB.
El tema es
preocupante porque México lleva desde finales de 2017 un congelamiento virtual
de inversión pública, que no alcanza 14 por ciento del PIB y la inversión
pública, por la falta de dinamismo económico no puede crecer más de 2.5 por
ciento anual como proporción del PIB, que es insuficiente para cualquier
impulso o proyecto social individual. De tal manera, para poder alcanzar una
recuperación suficiente para nuestras necesidades, la inversión privada debería
ser de un mínimo de 20 por ciento del PIB y la pública de 5 por ciento, en el
caso más bajo.
En efecto,
aunque el gobierno federal se oponga, en el Paquete Económico de 2022, una vez
que pasen las elecciones intermedias se tendrá que incluir una reforma
hacendaria con la participación de todos los gobiernos estatales para
replantear las posibilidades reales del país para dilucidar los ingresos y,
sobre todo, el gasto público. Esa será la oportunidad histórica para hablar de
transformación.
Las condiciones
van más allá de la censura o el aplauso al neoliberalismo. Dependemos de la
realidad y de las insuficiencias no atendidas oportunamente porque las
perspectivas mundiales están rodeadas de una incertidumbre excepcionalmente
pronunciada y la recuperación del año próximo exige usar todas las herramientas
de política a nuestra disposición para derrotar la pandemia, proteger los
puestos de trabajo y restablecer el crecimiento
En 2021 el respaldo
fiscal focalizado en el asistencialismo sobre los verdaderamente vulnerables y alejado
de los caprichos gubernamentales ineficaces frente a las circunstancias será
crítico para brindar una red de protección a los hogares y las empresas más
afectados, y para sentar las condiciones para una rápida recuperación.
Seguir con la
tendencia actual, dará un régimen igual o peor que los anteriores.
@lusacevedop
