Esta semana se celebró el 106 aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna. Resulta importante conmemorarlo, pues tiene distintos significados que a veces se olvidan o pierden de vista debido al paso del tiempo.

Nuestra Constitución se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 y comenzó su vigencia cuando el país era una sociedad de alrededor 17 millones de habitantes. En aquella época, un 80% vivía en el medio rural; eran en su mayoría analfabetos y aún padecían los efectos de la violencia desatada por la Revolución. Hoy, sigue vigente y regula la vida de una población —en su mayoría urbana— de más de 126 millones.

Es la ley fundamental republicana que ocupa el segundo lugar en el mundo en mayor antigüedad —después de la de Estados Unidos— y ha sido la carta de navegación de nuestra nación. A lo largo de decenas de años ha propiciado estabilidad y paz social; la construcción de grandes instituciones al servicio de nuestra sociedad —como el IMSS y la UNAM, entre otras—; y ha regido durante tres alternancias de partidos políticos al frente de la titularidad del Poder Ejecutivo federal.

Durante su vigencia, el texto ha sido reformado en más de 700 veces —algunas de ellas de manera excesiva— pero debemos reconocer que ha sido en un esfuerzo por mantenerlo actualizado. Algunas de esas enmiendas han enriquecido su contenido y lo han modificado para que hoy podamos decir que vivimos en un constitucionalismo transformador.

En especial, me quiero referir a la del 10 de junio de 2011, que reformó diversos artículos de la Constitución Política y determinó que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, con lo que se instauró un nuevo parámetro de regularidad constitucional.

Desde la academia —y con base en la teoría constitucional— nuestra Carta Magna se clasificaba como una Constitución escrita y codificada en un solo documento. En la actualidad existen voces que sostienen que ya la debemos considerar dispersa, puesto que se nutre y complementa —en materia de derechos humanos— de diversos preceptos y disposiciones jurisprudenciales de corte internacional.

Don Sergio García Ramírez sostiene que esta constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, permite hablar de “constituciones convencionalizadas”.

Ello es así, debido a que, con base en decisiones soberanas, nuestro Estado ha dispuesto ser parte activa en tratados y organismos internacionales que reconocen y exigen la garantía de un amplio catálogo de derechos que, de acuerdo con el texto constituyen la ley suprema de la unión.

Esta nueva lógica constitucional tiene como epicentro a los derechos humanos, que deben ser vistos y entendidos como el eje articulador de todo el actuar estatal. Se trata de un gran proceso de transformación del derecho constitucional mexicano, equiparable con la adopción del liberalismo de 1857 y el advenimiento de los derechos sociales, en 1917.

La mejor manera de honrar a nuestra Carta Magna es conocerla, respetarla, preservarla y exigir su cumplimiento. Nuestra Constitución es por un lado el receptáculo de las legítimas aspiraciones del pueblo mexicano, pues pretende garantizar las libertades individuales a fin de mantener un bienestar general. Y por el otro, es el más eficaz instrumento que limita el uso y abuso del poder político de manera arbitraria.

Como Corolario, la frase del filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas: “Hay que tener siempre presente que la Constitución es el logro de una historia nacional”.