Los resultados del especial de agosto de México Elige dibujan un escenario particular sobre la percepción ciudadana frente a los recientes casos que involucran a gobernadores, acusaciones provenientes de Estados Unidos, narcotráfico y el llamado “huachicol fiscal”.
La encuesta fue levantada entre el 4 y el 10 de agosto de 2026, con 2,027 entrevistas efectivas a ciudadanos mexicanos mayores de 18 años. El estudio reporta un nivel de confianza de 95% y un margen de error de ±3.0%.
Marina del Pilar: casi la mitad no sabe cómo interpretar los audios
Ante la pregunta sobre los audios filtrados de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, 47.8% respondió “no sé”.
Entre quienes sí tomaron una posición, 19.2% consideró que el caso es grave porque mostraría disposición a cooperar con Estados Unidos en contra de intereses mexicanos; 12.7% lo calificó como una trampa política o un montaje, y 20.3% consideró que se trata de un asunto personal relacionado con su visa que no afecta su labor como gobernadora.
El mismo apartado preguntó si la gobernadora debería renunciar por el escándalo, si los audios pusieron en riesgo la soberanía mexicana y si actuó correctamente al intentar recuperar su visa negociando con autoridades estadounidenses.
Rocha Moya: mayoría a favor de la extradición
El caso de Rubén Rocha Moya presenta resultados mucho más definidos.
El 63.8% respondió que debería ser extraditado a Estados Unidos. En contraste, 13% consideró que debería regresar a gobernar Sinaloa, 8.8% que debería ser declarado inocente y víctima de persecución política y 2.8% que debería ser protegido por el Gobierno Federal. 11.6% respondió que no sabe.
También se preguntó si el Gobierno Federal está protegiendo indebidamente a Rocha Moya de la justicia estadounidense. El 64.5% respondió “mucho”, 47.3% “algo”, 33.4% “poco”, 4.2% “nada” y 7.8% “no sé”.
En otra de las preguntas, 53.3% respondió que está “mucho” de acuerdo con que las acusaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya constituyen una injerencia en los asuntos internos de México, mientras 30.3% respondió “algo”, 15.9% “poco” y 3.7% “nada”.
El caso “El Mayo” y las extradiciones
La evaluación ciudadana del Gobierno Federal frente al caso de “El Mayo” Zambada también muestra una división importante.
El 37.8% calificó el actuar gubernamental como excelente o bueno; 10.8% como regular, y 51.4% como malo o pésimo.
Pero cuando la pregunta cambia hacia las extradiciones a Estados Unidos, la respuesta es todavía más marcada:
75.7% considera que las extradiciones no fortalecen la lucha contra el narcotráfico.
Sólo 21.3% considera que sí la fortalecen y 3% respondió que no sabe.
Es uno de los contrastes más relevantes del estudio: existe una percepción negativa sobre la actuación gubernamental en algunos casos, pero eso no se traduce automáticamente en respaldo a las extradiciones como estrategia contra el narcotráfico.
¿Cómo debería responder México a Estados Unidos?
Frente a las acusaciones estadounidenses contra gobernadores mexicanos, la opción con mayor respaldo fue “negociar caso por caso”, con 59.1%.
En segundo lugar aparece “colaborar plenamente con Estados Unidos”, con 20.9%, mientras que 13.1% considera que México debería rechazar cualquier solicitud y defender a los gobernadores. 6.9% respondió que no sabe.
Los resultados muestran, por tanto, una preferencia mayoritaria por una respuesta diferenciada y no generalizada.
Huachicol fiscal: el problema que sí alcanza un consenso
Si hay un tema en el que los números muestran una coincidencia particularmente amplia es el llamado “huachicol fiscal”.
El 97.4% de los encuestados dijo haber escuchado sobre el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, relacionado con este fenómeno.
Además, 92.5% considera que el huachicol fiscal es muy o algo grave: 75% lo considera “muy grave” y 17.5% “algo grave”.
Cuando se preguntó qué sanción debería aplicarse si se demuestra judicialmente la responsabilidad de funcionarios o exfuncionarios públicos en redes de contrabando de combustible, la respuesta mayoritaria fue “todas las anteriores”, es decir, prisión, inhabilitación para ocupar cargos públicos y sanción económica, con 56.7%.
En cuanto al caso específico de Ernesto Ruffo Appel, 41.7% consideró que, si se comprobara judicialmente su responsabilidad, representaría una muestra de corrupción empresarial y política; 30% lo consideró una muestra de un problema más amplio de corrupción política; 12.4% lo identificó como un caso relacionado con el contrabando de combustible y 6.6% como un caso aislado de corrupción. 9.3% respondió que no sabe.
