José Luis Camacho Acevedo.

Una vez que el ministro Javier Laynes Potisek declaró que el Plan B que el Ejecutivo pretende activar para ejercer un control, ni siquiera soslayado, sobre los procesos electorales que se vienen, queda en suspención por tiempo indefinido, como ya es costumbre, el titular del Poder Ejecutivo se lanzó contra la Corte a la que calificó como parte de la mafia.

Con esa declaración el Presidente López Obrador volvió a sobrecalentar el ambiente de polarización que vivimos en el país en gran medida por las obsesiones que genera la ambición del presidente de pasar a la historia no sólo como un transformador, sino incluso como un héroe digno del bronce.

Mientras la polarización se acentúa en el ánimo de gran parte de nuestra sociedad, los señalamientos sobre el desbordamiento de la violencia se hacen cada vez más severos.

La Iglesia Católica asegura que el avance del crimen organizado es prácticamente imparable.

La DEA asegura que varias importantes regiones de México están en manos de los poderosos carteles del Pacifico y el de Jalisco Nueva Generación.

Al igual que el Plan B, lo que pudiera ser un Plan C con la manipulada elección de los nuevos consejeros electorales, ha despertado una gran desconfianza entre las oposiciones e influyentes segmentos de la sociedad civil.

La polarización que se ha generado, y que sigue adelante, favorece el desempeño criminal, la corrupción en todos los niveles, el lavado de dinero y la degradación social que implica el consumo de las drogas.

Con la polarización el país se divide en momentos en que la unidad es una precondición para llegar al cambio del poder ejecutivo en un ambiente de paz y de madurez ciudadana.

¿Hasta dónde llevará el Presidente López Obrador ese ambiente de confrontación entre los sectores de la sociedad nacional?

No podemos resignarnos a la condición de ser un pueblo dominado por la violencia y la ambición de poder político.

El momento, sin duda, es muy grave como para anteponer el interés personal al interés colectivo.