Federico Berrueto
Válida y vigente la
preocupación sobre la defensa de la última trinchera del régimen democrático. Al
respecto, hay sentimientos encontrados. Por una parte, se espera una postura
más explícita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un debate donde
va de por medio su existencia y la del Poder Judicial Federal, institución
fundamental de la República desde la reforma de 1994, hace treinta años. Por la
otra, no les corresponde tal defensa, al menos no del todo porque lo suyo es la
justicia, no el debate público, la disputa por el consenso.
La mayoría
legislativa y los presidentes se han ensañado con la moderación o prudencia de
los ministros y la Corte. No son culpables de lo que se les acusa y no son lo
que el régimen les imputa. La corrupción existe, pero es aislada, además es
considerablemente más generalizada y perniciosa la de otras áreas de la
justicia como las instancias de procuración, la investigación policiaca o el
sistema penitenciario, por señalar algunas. Los gobiernos de Morena, nacional o
locales carecen de los estándares de probidad que cuestionan y condenan, pero
se trata de política y como tal, la veracidad no se aprecia y a veces ni
siquiera existe.
He sido de la idea
que los ministros, la Corte y todos los juzgadores deben ser cuidadosos en el
debate público. La reserva parte de la investidura que remite a la
imparcialidad y al profesionalismo. No se resuelve para complacer a nadie, ni a
pocos o muchos, tampoco se requiere de comprensión, aval social o
reconocimiento por las resoluciones que se emitan. El juez decide porque es lo
correcto. Así de simple.
En estos tiempos de
desvarío autocrático y de manipulación grosera del público, parece que esta
perspectiva está fuera de lugar y deja en muy difícil condición al órgano
jurisdiccional, esto es, en indefensión mediática, sin proceso justo, ni
presunción de inocencia y en una realidad donde la imparcialidad o sensatez de
las autoridades es quimera. La mesura o la prudencia desapareció del
diccionario de nuestros gobernantes.
La justicia
mexicana no es para presumir, sí nuestro Poder Judicial Federal y la misma
Corte, al igual que algunas instituciones públicas acreditan calidad muy por
arriba del estándar de otras entidades. Hay insuficiencias como en toda
organización amplia, pero se reconocen y no son determinantes en la abrumadora
mayoría de los casos. Existen problemas intrínsecos a todo sistema de justicia,
como la desigualdad de la defensa o su difícil acceso. Todos los bienes,
incluso el de la buena defensa se relacionan, con frecuencia, con el dinero. En
otra realidad, al juzgador suele juzgársele por decisiones ajenas, ejemplo, la
deficiente investigación o probanza a cargo del MP en casos penales, por
incompetencia o por corrupción.
A esta Corte le ha
correspondido cerrar la puerta a uno de los periodos más luminosos de la
justicia mexicana. Anticipo derrota no por lo avieso del enemigo, sino por una
sociedad complaciente que con facilidad y sin mayor examen hace propia las
intencionadas mentiras y calumnias del gobernante, que dice mucho no sólo de la
sociedad, sino de sus élites y de sus mediaciones en los circuitos de la
información y formación de opinión pública.
La justicia es un
bien público y como tal corresponde defenderla no tanto a quienes la imparten,
sino a quienes somos beneficiarios de que exista. En otras latitudes, fuera de
nuestro país, se alzan voces de muchos frentes para frenar y contener la acción
contra los juzgadores o la institución que integran; y llama la atención,
porque son muchos quienes entienden que lo propuesto para mejorar la justicia -anhelo
irrefutable y avalado por todos-, bien se sabe que no resuelve el problema, que
su intención o efecto es la concentración del grupo en el poder y que no se
tendrá una justicia confiable porque se renuncia a dos principios originarios
de su buen ejercicio: la imparcialidad y la independencia del juzgador.
En este último
trance, el ministro Juan Luis González Alcántara abre el espacio para conciliar
las pretensiones del régimen con la salvaguarda del sistema de justicia diferenciando
a la jerarquía de la base de miles de jueces y magistrados. Una oportunidad
para salvar lo mejor del Poder Judicial y de paso evitarle al régimen y al país
el absurdo de una elección de juzgadores, condenada al fracaso de la mano del
ridículo.