Integrantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) denunciaron que en Jalisco hay “abuso de poder político y económico”, pues “se despoja a los ciudadanos de recursos medioambientales” para dar prioridad a la construcción de departamentos de lujo, particularmente el conjunto residencial Distrito Iconia. Además señalaron que se usan las instituciones de impartición de justicia “para criminalizar a las personas que luchan por lo justo”.

En conferencia de prensa, Javier Armenta, uno de los tres estudiantes que estuvieron presos cinco días por oponerse, junto con cientos de personas, a la construcción del citado conjunto habitacional en terrenos que el ayuntamiento de Guadalajara cedió en forma irregular en 2008 a una empresa española, destacó que las autoridades municipales “son cómplices por omisión en este negocio corrupto”, y pidió que el gobierno federal revise el asunto.

Dio a conocer que presentará junto con habitantes de Huentitán una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), “por la sospecha de que (los empresarios) no cumplen con los requisitos ambientales para desarrollar un proyecto de estas proporciones”.