El Estado mexicano anunció este miércoles la reapertura del caso de la defensora y abogada Digna Ochoa y Plácido, presuntamente asesinada el 19 de octubre de 2001 en la Ciudad de México mediante un Convenio de Reparación Integral, con doce líneas de acción, entre ellas, la reapertura de las investigaciones con enfoque de género

En un comunicado conjunto, emitido por las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por la violación a las garantías judiciales derivada de la muerte de la defensora y abogada.

Se apuntó que en la audiencia pública celebrada el 26 y 27 de abril de 2021 en el marco del 141 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en San José, Costa Rica, "por primera vez, el Estado mexicano ha aceptado todas las pretensiones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un Informe de Fondo".

Además, como obligación y convicción del Gobierno de México, se acordó generar "una ruta para reabrir la investigación para determinar las causas que llevaron a la muerte de la abogada y defensora", la cual incluirá diligencias con perspectiva de derechos humanos, enfoque de género bajo estándares internacionales y contará con la participación de la familia y la de su representación legal.

Ochoa y Plácido era una destacada defensora de derechos humanos en México que participó en investigaciones de alto perfil y su cuerpo fue encontrado en un despacho jurídico el 19 de octubre de 2001 con un disparo en una pierna y otro en la cabeza, y un disparo más en un sillón.

La investigación judicial en México determinó que se trató de un suicidio, pero la acusación contra el Estado asegura que hubo serias irregularidades en el proceso y que en realidad los hechos corresponden a un homicidio en un contexto de agresiones, amenazas y violaciones a los derechos de los defensores en México.

Durante la audiencia, el representante de la Secretaría de Gobernación de México, Marco Moreno, manifestó que en los próximos días el Estado propondría a la familia de Ochoa y sus representantes un "convenio de reparación integral" para la reapertura de la investigación.