Al menos 2 mil 500 empresas del sector construcción –actividad que aporta 8 por cineto del producto interno bruto– dejaron de operar en los últimos dos años. “No sabemos si desaparecieron, pero no tienen obra”, expuso Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Detalló que desde 2018 comenzó el declive en el sector de la construcción y se acentúo con “el gran descalabro” que implicó la pandemia de Covid-19 para la economía mexicana. Como resultado, en 45 meses la industria se ha reducido 14.4 por ciento, la producción de las empresas que operan en ella lo ha hecho 25.8 por ciento y la inversión 16.9 por ciento.

En conferencia de prensa, Solares Alemán señaló que hoy “la constructora más grande del país es el Ejército, lo que ha reducido la participación de las empresas comerciales”; pero también, con los militares a cargo, hay mayor opacidad en el gasto de obra pública.

Alfonso Carrillo Silva, director general del Observatorio de la Construcción, explicó que entre las dependencias y organismos a los que se da seguimiento a través del observatorio se advierte un subejercicio de casi dos terceras partes del presupuesto asignado para 2021.

Con base en datos públicos, detalló que el monto de recursos licitado hasta noviembre no rebasa 35 por ciento del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para obra pública, lo que hace suponer a los constructores “un desvío de fondos” para pagar la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“¿Subejercicio o falta de transparencia? Ambos son graves”, recalcó Carrillo Silva, pues tanto la Ley de Obra Pública mandata la publicación de este tipo de gasto, como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla mecanismos para reasignar recursos.

La CMIC reporta un crecimiento anual de 27.5 por ciento en el presupuesto etiquetado como obra pública para el próximo año. Sin embargo, se advierte que casi siete de cada 10 pesos bajo este concepto irán a Pemex, para luego concentrarse 15 por ciento en el Tren Maya, el AIFA y el CIIT, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Solares subrayó que a escala territorial también se requiere mayor distribución del gasto, dado que “hay una enorme disparidad de los recursos, de acuerdo con la zona geográfica del país”. Conforme al análisis de la CMIC, Campeche y Tabasco concentran más de 60 por ciento de presupuesto para obra pública del próximo año, mientras Colima y Aguascalientes suman 0.2 por ciento.

El líder de las empresas constructoras recalcó que, además de la caída en la actividad económica, la reforma en subcontratación y la iniciativa de reforma eléctrica, el sector se enfrenta a una inflación de casi 17 por ciento en los materiales para construcción, a lo que se sumará el encarecimiento del acero por el cierre de fábricas en China, lo que también pondrá en riesgo la conclusión de las obras emblema del actual gobierno federal.