En Veracruz se ha emprendido una campaña de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades locales. En la entidad se vive un clima de terror y persecución. Esto no lo dice un opositor, tampoco algún ex funcionario de la administración local. El señalamiento viene de Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado.
La denuncia deriva de la detención reciente de José Manuel del Río Virgen, asesor técnico en el Senado, acusado de homicidio. Monreal no sólo se refiere al asunto en particular: “Hay cientos de casos de personas privadas de su libertad y no podemos callar ante este grado de barbarie y violación frecuente de los derechos humanos”.
Lo señalado es un llamado de atención para el gobierno federal, la FGR, el Poder Judicial Federal y la CNDH. Ricardo Monreal no es político del exceso verbal y de acusaciones frívolas. Sin duda, lo que manifiesta es su convicción y se deriva de elementos de juicio fidedignos y convincentes. Que sea la denuncia de un correligionario del gobernador Cuitláhuac García debe tomarse con la mayor seriedad más allá de los alineamientos partidarios o de grupo.
El señalamiento sobre el gobernador Cuitláhuac García no es nuevo. Deberá recordarse la persecución de la que fue objeto el anterior fiscal, Jorge Winckler, que derivó en su renuncia y que actualmente es prófugo de la justicia. No es el caso de un gobernador de mano dura, sino del uso faccioso del poder. La elevada criminalidad en el Estado persiste, además de que son recurrentes los atentados y actos criminales contra políticos, casi siempre adversarios. Asimismo, hay acciones legales de corte penal contra rivales políticos del gobernador, especialmente militantes o dirigentes del PRD o PAN. Destaca el caso de Rogelio Franco Castán, ex secretario general de gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes y candidato del PRD a diputado federal, detenido en enero por el delito de ultrajes a la autoridad, ilícito que según el senador Monreal violenta los derechos humanos y que es utilizado para apresar a decenas de personas.
El mandatario estatal confirmó la detención de Juan Manuel del Río por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio doloso calificado en agravio de René Tovar Tovar, el pasado 4 de julio. Señaló que después de seis meses de investigación de la Fiscalía General del Estado se corroboraron pesquisas y fueron presentadas al juez para que se otorgara una orden de aprehensión. El gobernador señala que no hay impunidad en el estado y que los presuntos responsables tienen que seguir los procesos judiciales, “lo que no queremos es que, como antes, a los presuntos responsables de cuello blanco porque eran políticos o amigos de tal no se les tocaba”.
La situación de Veracruz obliga al gobierno federal a reconvenir al gobernador a un desempeño de estricto respeto a los derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a la justicia penal. De ser el caso, atraer los asuntos de mayor controversia a manera de verificar el desempeño de la Fiscalía estatal, como sucedió en Yucatán, donde se probó la actuación ilegal de la Fiscalía.
En ningún estado gobernado por Morena se registra el uso de la justicia penal con un claro y evidente sentido político, vieja práctica del régimen del pasado. Al amparo de la lucha contra la impunidad, lo que se advierte es la actuación de las autoridades judiciales con sentido de parcialidad e ilegalidad, no sólo en el ámbito penal, también en el electoral, como fue la decisión del Tribunal Electoral Estatal de anular el triunfo de la opositora Patricia Lobeira de Yunes, decisión revertida recientemente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto
