José Luis Camacho Acevedo.
La reunión que sostuvieron el pasado
lunes 23 del presente, el grupo de empresarios encabezados por Calos Salazar,
presidente del CCE con el mandatario Andrés Manuel López Obrador, tuvo como
tema único el grave asunto que representa para la economía mexicana la nueva
ley de subcontratación que se está analizando en el Congreso de la Unión.
Acompañaron a Carlos Salazar en esa reunión
cumbre Francisco Cervantes,
líder de la Concamin; José Manuel López, dirigente de la CONCANACO; Antonio Del
Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios; y Claudia Jañez del Consejo
de Empresas Globales.
En esa cumbre los empresarios advirtieron al
presidente de los graves perjuicios que traería para la industria nacional,
especialmente el capítulo de empresas extranjeras como la automotriz, del
vestido y los alimentos, entre otras, de aplicarse una ley que ahuyentaría a
esos consorcios de nuestro país generando un mayor desempleo que el que padece
México a causa del Covid-19.
De inmediato el presidente de la República instruyó a
la secretaria del Trabajo
Luisa María Alcalde, al director del IMSS, Zoé
Robledo, a la gente del SAT y dependencias relacionadas con el tema de la
subcontratación para que revisaran la propuesta de ley debido a las
consecuencias tan peligrosas que traería consigo su aplicación.
Por parte de los empresarios se integró un consejo
técnico que analizará el tema con los mencionados funcionarios federales.
El consejo técnico del empresariado lo conforman Lorenzo Roel, presidente de la comisión laboral
del CCE y Pablo Mendoza, presidente de la comisión fiscal del CCE.
La disputa por el control de los pobres obreros subcontratados en
México, la inició Napoleón Gómez Urrutia asesorado por sus verdaderos jefes
sindicales de Estados Unidos y Canadá. País del que por cierto Napito tiene
nacionalidad y gracias a ella pudo votar en las recientes elecciones para renovar
el Senado canadiense.
Hay que recordar que, como presidente de la Comisión del Trabajo y
Previsión Social en el Senado, Napito propuso la creación de un Centro de
Registro y Certificación de Empresas para controlar y supervisar las actividades
de las empresas que están bajo este sistema.
Se le darán mayores facultades a la Secretaría del Trabajo para
sancionar a compañías que no cumplan con la ley.
Sin embargo, tras la inconformidad de los empresarios porque la ley
aprobada y generada por la ambición de Gómez Urrutia, por el hecho de que
quedarían las empresas contratantes en tesitura de criminales con las
consecuencias de ley esperadas, el presidente López Obrador instruyó que se
atendiera la recomendación surgida en el ejercicio del Parlamento abierto realizado
en el Senado que escuchó a los involucrados y se estableció que no se
tipificará como crimen organizado el outsourcing, que fue el punto que generó una
gran preocupación en el sector privado.
Outsourcing
es un anglicismo que se usa para referirse a la subcontratación o tercerización
de servicios. Una empresa delega recursos a una compañía externa para la
prestación de servicios especializados.
La figura del
outsourcing se incluyó en la Ley Federal del Trabajo desde diciembre de 2012.
Desde ayer
sesionan las comisiones que se conformaron por orden presidencial después de
que el mandatario conoció los riesgos de aplicar la nueva legislación y los
cambios que se hicieron con gran desconocimiento e insensibilidad al artículo
15 en materia de outsourcing de la Ley Federal del Trabajo.
Tal parece que
sus funcionarios no le proporcionan informes completos al presidente sobre
temas tan trascendentales como el de la nueva regulación que pretendían imponer
en lo que era prácticamente un albazo legislativo.
Pero
finalmente López Obrador regresó a la ruta conveniente la reforma a la
subcontratación en México y gracias a ello podrán salvarse miles de los mejores
empleos que hay en el país y se conservará la permanencia de la industria
extranjera que utiliza la subcontratación, ahora mejor regulada en materia de
prestaciones al trabajador, que sin duda es un elemento clave en el desarrollo
económico nacional.
EN TIEMPO REAL
1.- El gobernador
de Jalisco, Enrique Alfaro se metió en un serio problema al autorizar que
acudieran más de cinco mil aficionados a presenciar el clásico Chivas-América
en el estadio Akron situado en Zapopan ya que los resultados de contagios se
podrán observar en 15 días.
Es decir, en
plenas fiestas decembrinas. En el desacato a las recomendaciones sanitarias que
hicieron en México, los fieles de San Judas Tadeo acudiendo a la iglesia de San
Hipólito, las consecuencias de contagios se dieron a los 15 días.
Sobre
advertencia no hay engaño y Alfaro será acreedor a las sanciones que él mismo
impuso para prevenir contagios del coronavirus.
2.- Los
abogados de Rosario Robles, especialmente el que declaró inicialmente que al
acogerse al criterio de oportunidad la extitular de SEDESOL y SEDATU, la
información que proporcionaría estaría involucrando al expresidente Enrique
Peña Nieto, se desmintieron posteriormente.
Sergio Arturo
Ramírez aclaró que ella no tiene nada en contra José Antonio Meade, ni del expresidente
Enrique Peña Nieto, mucho menos del ex secretario de Gobernación, ahora
senador, Miguel Ángel Osorio Chong.
Literal dijo
en entrevista con Azucena Uresti: "Ella no tiene el ánimo de perjudicar a
nadie, simplemente va a dar conocimiento a la autoridad de lo que ella
realmente sabe que pasó, cómo pasó y cómo sabe que se utilizaron esos
recursos", informó el abogado de Robles en Grupo Fórmula.
Sin
comentarios.
3.- Para el
gobernador Javier Corral los incendios no terminan. La alcaldesa de la capital,
Maru Campos, lo acusa de acoso electoral para descartarla como candidata al
gobierno e imponer a su desgastado alfil Gustavo Madero. Y ahora hace crisis la
emergencia sanitaria en Ciudad Juárez.
Para muestra
basta un ejemplo: “El flujo de pacientes Covid-19 en los hospitales de la
ciudad continúa tanto en los nosocomios del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) como en el Hospital General, de acuerdo con recorridos realizados
por El Heraldo de Juárez.
Desde temprana
hora en el Hospital General se observó como médicos y enfermeros sacaban
cuerpos de pacientes del nosocomio que han fallecido por Covid-19 o que
llegaban a recibir atención médica por esa causa.
Ante el
repunte de hospitalizados ambas instituciones trabajan actualmente en la
reconversión hospitalaria para lograr ampliar el número de camas disponibles a
Covid-19 y evitar así que la saturación continúe.