Como una enorme regresión, es calificada la iniciativa de Reforma Eléctrica que envió al Congreso federal el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se pretende establecer como obligación los límites a la generación de electricidad privada y la dominancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual para algunos alejaría la inversión privada. 

La iniciativa que contiene modificaciones a ocho artículos y cuatro transitorios de dicha ley, formaba parte del marco legal vigente al momento de la firma del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo cual evidentemente podría desencadenar controversias internacionales si se aprueba su modificación. 

La ideología de la 4T esta impregnada en la exposición de motivos de la iniciativa, ya que se puede leer que se propone dar marcha atrás a los aspectos centrales de la reforma energética en materia eléctrica aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando “se otorgó plena cobertura legal a la política neoliberal o neoporfirista de privatización de las empresas públicas para despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.

Es decir, basado en argumentos nacionalistas el gobierno de López Obrador podría poner en riesgo inversiones millonarias en el país, privilegiando a la CFE en detrimento de las energías limpias, en contra de los esfuerzos mundiales para revertir el cambio climático. 

Para el Consejo Coordinador Empresarial, la propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente López Obrador es una expropiación indirecta, que traduciría en un aumento del precio de todos los productos y servicios, y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la CFE. 

En este sentido, se abre un nuevo frente con el ámbito empresarial que se suma a la controversia por la ley para regular la subcontratación, pues para el grupo presidido por Carlos Salazar Lomelín, la iniciativa intenta impedir, “arbitrariamente”, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos de libre concurrencia y la certeza jurídica.

Se trata de otra promesa rota hecha por el primer mandatario, ya que durante su campaña y después de su victoria en 2018, el tabasqueño se comprometió a no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.

Finalmente, destacar el aspecto de que la iniciativa podría generar tensiones entre México y Estados Unidos, pues los expertos consultados por el diario pronosticaron que se “desencadenaría demandas, incluso en virtud del tratado de libre comercio del T-MEC con Estados Unidos y Canadá”, así como que se contrapone con la agenda de Joe Biden de combate al Cambio Climático y a favor de las energías renovables. 

Sin embargo y ante todas las advertencias antes expuestas, es altamente probable que la iniciativa sea aprobada por el Congreso, pues se trata de una ley secundaria y, por tanto, solo requiere de una mayoría absoluta, de 50% más un voto para pasar.