El nuevo régimen ha generado, ni duda cabe, formas inéditas de pautas de comportamiento que pasan necesariamente por la libertad de expresar opiniones, puntos de vista, juicios de valor y todos aquellos adjetivos que pueden ser bien o mal recibidos por porciones, grandes o pequeñas de la comunidad, pero lo que no se puede hacer es privilegiar un discurso sobre otro por las razones que sean. Lo anterior viene a cuento por el desplegado inicial de más de 600 personas que hicieron públicas sus diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que a su juicio debe hacer y aquello que debe evitar decir el titular del Ejecutivo Federal. He tocado ya el tema, pero creo que hay que abundar sobre el asunto por su relevante interés público de una acción también inédita.
Primero. De entrada, reitero que no veo que haya
posibilidades de triunfo en un diferendo en tribunales para que el modelo de
actuación que los firmantes del desplegado inicial consideran que debe haber
como prerrequisito para salvar la “democracia” logre una resolución
jurisdiccional firme e inatacable que termine como cosa juzgada. Es
precisamente por esa razón que, intuyo, los firmantes no han optado por el
camino judicial para hacer valer sus pretensiones, sino el de la expresión que,
por cierto, fue ampliamente difundida, acaso por la empatía de los medios como
por la originalidad de una iniciativa de tal naturaleza. Por supuesto que es
válido, legítimo y legal que los detractores de la 4T expresen sus puntos de
vista, no lo es, empero, que busquen lo que consideran que es correcto,
necesario o adecuado se decrete como una verdad unívoca; es decir, como las
reglas del juego que los usos y costumbres del pasado habían observado al
margen de la Constitución y la ley.
Segundo. Si bien es verdad que la narrativa retórica de la
expresión gubernamental distanciada del lenguaje del común de los ciudadanos ha
generado molestias y cuestionamientos en algunos grupos de la sociedad que
observan que las formas de expresión han cambiado negativamente, también lo es
para otros sectores la adopción de un lenguaje ciudadano positivo que transite
por el mismo sendero que el discurso oficial. No entro a calificar si está bien
o mal el cambio, sino simple y sencillamente que, si bien en la sociedad hay
una pluralidad de ideas y de formación de percepciones, este aspecto –por lo
menos– sí es dable adoptar, en sus grandes trazos, una dicotomía sobre el apoyo
o el repudio al nuevo lenguaje presidencial y de expresión de nomenclaturas de
entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.
Tercero. Es importante recordar que en el pasado inmediato
la pulcra narrativa del gobierno entraba en colisión con las acciones tomadas
en perjuicio de los medios críticos o incómodos al gobierno en turno. En
Proceso durante los distintos gobiernos –especialmente en los más recientes– el
boicot publicitario era una realidad que se puede probar. Basta revisar los
ejemplares de años anteriores con los actuales para hacer una numeralia de la
publicidad de la Administración Pública Federal. Lo mismo sucede con los
distintos medios críticos al gobierno de la 4T con sus pautas publicitarias. Es
poco menos que imposible –por los datos que hasta ahora existen– que alguien
pruebe una acción concertada del Ejecutivo Federal para impedir la expresión de
quienes disienten de su titular. Existe, por el contrario, enorme evidencia de
que los juicios críticos tienen, como nunca se había visto, una amplia
difusión.
Cuarto. El gobierno federal no ha utilizado las herramientas
legales que tiene a su disposición para generar cadenas nacionales a efecto de
difundir las denominadas “mañaneras”. Son paradójicamente muchos de los medios
que acusan una inequidad entre la palabra presidencial y sus detractores
quienes, de manera voluntaria, cubren lo que se señala en esas intervenciones
del presidente. Se puede observar que existe, al menos, un equilibrio en la
capacidad de difusión de mensajes entre el presidente y sus detractores. No hay
evidencia, a mi entender, que las cosas sean distintas.
Quinto. Nadie hasta ahora ha podido documentar que existe
una política de vulneración de los derechos fundamentales de medios y
periodistas como una acción de Estado al margen del derecho. En otra
oportunidad (https://n9.cl/h3xdi ) he explicado que el caso de la sanción a la
sociedad editora de la revista Nexos se hizo con estricto apego a derecho por
la Secretaría de la Función Pública. No he encontrado elementos de ilicitud en
esa decisión de carácter administrativo por una falta de la propia empresa. En
todo caso, la sociedad en cuestión tiene los tribunales abiertos para hacer
valer sus pretensiones y buscar obtener una sentencia inapelable que sostenga
que esa acción de la SFP representa una violación de los artículos 6º y 7º de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y representa una
consecuencia directa de su línea editorial. No le veo ninguna posibilidad de
éxito a esa eventual iniciativa, pero reconozco el derecho que tiene todo
gobernado para reivindicar los derechos que a su juicio han sido lesionados.
Qué bueno que sea a través de las diferencias públicas de percepción y de criterio como se diriman las divergencias y no con hipócritas palabras cargadas del uso del aparato del Ejecutivo Federal para aniquilar la crítica, la cual es, sin duda, el oxígeno de una convivencia civilizada donde todas las voces tengan cabida. Con esa información y sus juicios serán los electores quienes, en su momento, definan en las urnas qué proyecto político y de diseño de la vida pública consideran debe gobernar al país.
