Se han generado reacciones encontradas sobre las revelaciones del presidente López Obrador sobre los ingresos de Carlos Loret, buena parte de ellas distanciadas de la razón y con un déficit argumentativo. Vamos a las precisiones:

a) El tema central no es si Loret es un buen o mal periodista, sino que, al igual que todos los gobernados al margen de sus convicciones políticas o ideológicas, tiene derecho a la privacidad de sus datos personales (entre ellos, por supuesto los patrimoniales) por mandato de la Constitución y las leyes. No debe confundirse la defensa del estado Derecho, con el apoyo a la causa político-ideológica de Loret; b) La respuesta del presidente sobre sus revelaciones es poco afortunada: “Es bueno el diálogo, es parte de la democracia”, dijo. Claro que no, en ningún lugar del mundo civilizado violar la ley “es parte de la democracia”. Esto no está sujeto a debate ni a interpretación alguna. La Ley es muy clara en este rubro; c) Hay quienes dicen que se han revelado sus sueldos en medios públicos por ser de izquierda. Se trata, en estos casos, de información pública que cualquier persona los puede solicitar y obtener de cualquier institución pública porque se trata de recursos del erario y de contratos que, por su naturaleza, no están sujetos a ser clasificados como reservados y/o confidenciales, con independencia de la intencionalidad política de semejante petición de información.

Sobra decir que, si cualquier persona solicita a un banco el saldo en cuentas e inversiones de un tercero, la respuesta debe ser siempre negativa por el derecho a la privacidad y en apego, por ejemplo, al secreto bancario. Tampoco la Secretaría de Hacienda podría hacer pública la información de un particular que obtiene en ejercicio de sus atribuciones.

Se trata, pues, de cosas muy distintas; d) Se dice entonces que no es justo que el presidente deba guardar un silencio franciscano ante los embates periodísticos, muchos de ellos efectivamente sin observar la mínima ética periodística.

Por supuesto que no tiene a su disposición las vías que la ley establece para reivindicar los derechos a la vida privada, al honor y a la propia imagen. Lo que no es dable es violar la ley para defender la eticidad informativa.

Estoy convencido que habría que hacer reformas a la ley especial en la materia en la capital del país y en los códigos civiles federal y estatales para hacer un juicio abreviado para bien de las partes y no, como ahora sucede, un largo juicio ordinario civil que afecta por igual al demandante como al demandado.

Reitero, guste o no, el trabajo de Loret no es, de ninguna manera, una causal de excepción para justificar una intrusión ilegal en la esfera de su vida privada. La ideología nunca debe estar por encima de la razón y la ley. En la observancia de la ley no debe haber caminos de regreso.

POR ERNESTO VILLANUEVA

COLABORADOR

@EVILLANUEVAMX