Luego de intensas negociaciones por parte de los coordinadores de los grupos parlamentarios, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Con 106 votos a favor de la Ley y devuelta a la Cámara de Diputados, estos los legisladores determinarán el criterio en los casos de desafuero de los gobernadores, en ese sentido, los congresos locales seguirán teniendo la atribución de proceder como corresponda.

Por más de una semana de discusión en comisiones y un amplio cabildeo, el llamado bloque opositor conformado por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, alcanzaron un consenso con Morena y sus aliados y presentaron este lunes al pleno una adenda para salvaguardar el federalismo. 

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu celebró la aprobación del dictamen ya que dijo que esta Ley no podía ser fruto de la imposición irreflexiva de los grupos mayoritarios.

“De haberse aprobado en los términos de la colegisladora se corría el riesgo de que estos procedimientos fueran usados con propósitos políticos ajenos a los de su objeto constitucional. En el caso del enjuiciamiento con responsabilidad penal del presidente de la República se abría un escenario de crisis política poniendo en riesgo la estabilidad en nuestro país”, advirtió.

Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia será aplicable a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, las diputadas o los diputados de las legislaturas locales, las magistradas o los magistrados de los tribunales superiores de Justicia locales, y en su caso, las y los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, así como las y los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales otorguen autonomía,

El dictamen especifica que podrán ser sujetos de Juicio Político por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas.

Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al Juicio Político, como órgano de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como Jurado de Sentencia.

El procedimiento será sustanciado por una Comisión Jurisdiccional, de cinco integrantes, en cada Cámara a propuesta de sus Juntas de Coordinación Política.

Al presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su presidenta, Ana Lilia Rivera Rivera afirmó que el Juicio Político tiene un principio como único fin: “separar a servidores públicos de sus funciones como mecanismo de garantía para la sociedad contra actos inmorales de las y los funcionarios en funciones”.

En su participación, el senador Germán Martínez Cázares quien emitió un voto particular, denunció que “gracias a un federalismo feudal y oscuro en materia de rendición de cuentas” algunos gobernadores corruptos no pisan la cárcel. 

Al fijar la postura de Morena, el senador Julio Ramón Menchaca Salazar aseguró que con la aprobación unánime del proyecto se demuestra que el Senado tiene la voluntad de escuchar las voces de sus entidades y transformarlas en leyes que reclama la sociedad mexicana.

La minuta con proyecto de decreto fue devuelta a San Lázaro, toda vez que es la cámara de origen, misma que tendrá que volver a discutirla y votarla.