Raúl Contreras Bustamante
Feliz año 2021 para todos los
lectores
La atención de América y el mundo
entero en la última semana del 2020 se dirigió hacia el extremo sur del
continente. La razón fue que el Congreso de la República de Argentina aprobó
mediante una votación histórica y cerrada —38 votos a favor, 29 en contra y una
abstención— la Ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del
Embarazo y a la Atención Postaborto.
La lucha en aquel país albiceleste
por legalizar la interrupción del embarazo ha sido larga y dificultosa. Se
remonta a 1921, cuando mediante una reforma a su Código Penal se establecieron
los casos de excepción y en la que sólo se permitía el aborto en casos de
violación o cuando la salud de la madre estuviera en riesgo.
El intento más reciente de esta
causa se llevó a cabo en el 2018, cuando un fuerte movimiento social apoyó con
fuerza la causa y el proyecto que buscaba legalizar la interrupción del
embarazo fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero el Senado rechazó el
proyecto por un margen muy estrecho de votación.
La Ley aprobada por el Congreso
argentino permitirá ahora a las mujeres poder interrumpir su embarazo dentro de
las primeras 14 semanas de gestación y consagra la objeción de conciencia de
los médicos que se nieguen a practicarlo.
La aprobación legal es admirable,
pues se logró sacar adelante a pesar de la oposición de poderosos grupos
conservadores; de una fuerte resistencia de la Iglesia Católica y que en el
artículo 2º de la Constitución Argentina se establece que: “El gobierno federal
sostiene el culto católico apostólico romano”. Pero esta vez las variables
fueron distintas.
La razón más significativa fue que
“la marea verde” —nombre con el que se conoce a los grupos que apoyan la
legalización— tuvieron al presidente Alberto Fernández de su lado, quien
presentó en noviembre pasado un proyecto para legalizar la interrupción
voluntaria del embarazo, asumiéndose de propia voz como “el primer abanderado
de este reclamo”. Él es un abogado de tendencias liberales y maestro
universitario de cepa que llegó a la Casa Rosada gracias a sus promesas de
campaña —entre ellas, la de luchar por hacer de la interrupción del embarazo
una realidad—y ahora da respuesta al reclamo de una parte importante de la
sociedad argentina, en especial de los planteamientos de la juventud, de quien
él mismo ha expresado que “son la conciencia crítica de todas las sociedades”.
La interrupción legal del embarazo
es sin duda un tema que divide las opiniones de todas las sociedades, pero es
innegable reconocer la importancia que como fenómeno social reviste. Según
cifras de la Organización Mundial de la Salud, entre 2015 y 2019 en el mundo
hubo un promedio anual de 73.3 millones de abortos provocados. Y tres de cada
cuatro abortos practicados en América Latina se realizaron sin condiciones de
seguridad e higiene.
Hasta ahora en América Latina la
interrupción legal del embarazo sólo se permite en Uruguay, Cuba, Guyana,
Guayana Francesa, Puerto Rico y en algunas entidades federativas de México,
como la Ciudad de México y de manera reciente, en Oaxaca. Como en otros temas,
estamos ante la presencia de un problema de salud y de educación, porque una
adecuada y científica educación sexual permiten de manera racional e informada
a las personas —y en especial a los jóvenes— poder hacer uso de métodos
anticonceptivos y decidir con libertad respecto del número y espaciamiento de
los hijos que deseen concebir.
Este tema se considera por los
grupos defensores de los derechos de las mujeres como un gran triunfo.
Como Corolario las palabras del
poeta español, Pedro Calderón de la Barca: “¡Venciste mujer! Con no dejarte
vencer”.
