A lo largo de la historia de la humanidad, la educación fue un privilegio exclusivo de las élites dominantes: monarquía, aristocracia y la Iglesia. A la llegada del siglo XX —y con ayuda de la concepción grandiosa de la Constitución mexicana de 1917— el derecho a la educación se consideró como un derecho social y se le impuso al Estado la obligación de otorgarla de manera general, laica y gratuita a toda la población.
La universidad, reinstaurada gracias a los empeños de Justo Sierra, habría de convertirse en un elemento fundamental para abrir las puertas de la educación superior a hombres y mujeres de todas las clases sociales, lo que la convirtió en el más grande proyecto educativo y cultural del país.
El pasado 26 de julio se cumplieron 93 años de la publicación en el Diario Oficial de la Ley Orgánica, que concedió por vez primera la autonomía a la Universidad Nacional, en respuesta a una gesta iniciada por estudiantes de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia en contra de la imposición de diferentes disposiciones reglamentarias. Pero el camino recorrido por la autonomía de la universidad no ha sido fácil ni exento de conflictos. En 1933, se expidió una segunda Ley Orgánica que determinaba que las autoridades universitarias se deberían elegir de manera directa por la comunidad universitaria. Lucio Mendieta y Núñez define a esa época en que estuvo vigente, como la más aciaga de la vida universitaria.
Porque, además, la universidad hubo de resistir los embates del gobierno en turno, debido a que en diciembre de 1934 se incorporó al artículo 3º constitucional el concepto que la educación que debería impartir el Estado debería ser socialista.
La universidad mantuvo su postura de que la transmisión del pensamiento debería ser universal y nunca sujeto a ninguna ideología única. La historia le daría la razón cuando ese precepto desapareció del texto constitucional. En la creación de la actual Ley Orgánica que rige a la máxima casa de estudios —que data de 1945— se conjuntaron grandes mentes como: Alfonso Caso, Mario de la Cueva, Antonio Carrillo Flores, Raúl Cervantes Ahumada y varios exrectores, que determinó la incorporación de la Junta de Gobierno —como institución encargada de la elección de las autoridades—, lo que le ha permitido a la universidad trabajar con estabilidad interna y permitir su desarrollo académico.
Después, la universidad tuvo que defender con gallardía su autonomía frente a las injustificables irrupciones violentas que la desestabilizaron en 1966 y luego en 1968, cuando tropas militares irrumpieron su campus, estando al frente su inolvidable rector Javier Barros Sierra, quien fue un firme valladar a la intolerancia gubernamental de esa época.
De todo ello la UNAM ha salido adelante y, con el tiempo, fortalecida. Fue hasta 1980 —a través de una nueva reforma al artículo 3º de nuestra carta magna— que se elevó la autonomía universitaria a rango constitucional. La intención del Constituyente permanente fue blindar, mediante la protección constitucional de la autonomía, a las instituciones universitarias públicas, para que contaran con las condiciones esenciales para el desarrollo de sus altos fines conferidos y pudieran cumplir con la responsabilidad social de proveer a los estudiantes universitarios de una educación superior de calidad.
Gracias a la autonomía, las universidades públicas pueden determinar los aspectos académicos, técnicos, de gobierno, administrativos y económicos que atañen a la organización propia de su institución, así como garantizar la libertad de cátedra y de investigación sin limitantes o cortapisas externas.
Hay que reconocer que, gracias a la autonomía, se ha cumplido con los fines que la Constitución le ha encomendado a las universidades públicas: formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, así como extender con amplitud los beneficios de la cultura a la sociedad a la que se deben. En el caso de la UNAM ha permitido a miles de mexicanos mejorar sus condiciones de vida y contribuir al desarrollo de la nación. Es por ello, que está clasificada como una de las mejores de todo el mundo. Hoy, la UNAM es un espacio donde se forja el espíritu de grandeza para nuestra nación, gracias a su autonomía.
Como Corolario, la frase de Emilio Portes Gil con motivo de su decreto presidencial: “La Revolución ha puesto en manos de la intelectualidad un precioso legado: la autonomía de la universidad”.
