En los ataques de la semana pasada del grupo criminal Los Mexicles, brazo armado de Gente Nueva, parte del llamado Cártel de Sinaloa, acaecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua; los montados en tres localidades de Jalisco, varios municipios de Guanajuato y las ciudades de Baja California, a cargo del autodenominado Cártel Jalisco Nueva Generación y otros, es notorio que privilegiaron las agresiones a la población hasta el punto de provocar asesinatos cobardes, como los de cuatro empleados de la estación 860 Radio.
Los autores materiales e intelectuales escogieron muy bien sus objetivos primarios, las tiendas de conveniencia y unidades de transporte público, avenidas y carreteras en las cuales los habitantes realizan sus actividades cotidianas.
Resultó oportuna, por lo anterior, la observación presidencial sobre que la agresión de grupos criminales, eufemística y equivocadamente llamados cárteles, al asegurar que “no había ocurrido y ojalá no se repita una agresión a la población civil inocente, una especie de represalia, como la que se suscitó el jueves en Ciudad Juárez”. Y concluyó durante la mañanera del viernes 12 que las agresiones contra civiles es lo más lamentable de este asunto.
Sin mediar contexto y reflexión suficientes, comenzó a renglón seguido una disputa de “narrativas” para instalar en el imaginario colectivo la que mejor acomoda a los intereses grupales de cada autor. Por ejemplo, el administrador de los restos del PRD, Jesús Zambrano, sugirió a Reforma, de Alejandro Junco de la Vega –el tipejo que despojó a su señor padre de la propiedad del diario–, que “pueden ser actos provocados desde el gobierno para justificar la necesidad de pasar la Guardia Nacional a la Sedena”. Antes, el exguerrillero conocido como Tragabalas, denunció “un golpe de Estado” a cargo del presidente Andrés y ahora advierte que “en los hechos México es gobernado por los delincuentes”. Que el señor se ponga de acuerdo consigo mismo.
Su par, desde el columnismo hecho calumnia, Ricardo Alemán –Bastardo Alemán, lo llamaba José Martínez, M., el escritor y periodista–, advirtió en Twitter: “Me dice una fuente de Palacio que el terrorismo en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California fue ordenado por @lopezobrador_ a sus aliados del crimen organizado”.
Otros actores no cantan mal las rancheras. El PAN y el PRI en el Congreso de BC demandaron al gobierno actuar cuanto antes, porque según ellos “la violencia en el país está fuera de control”. Hilarante fue el exhorto de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo a sus agremiados en Baja California, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas “a proteger a sus familias y su patrimonio”.
Mucho más atinado fue el arzobispo de Tijuana, BC, Francisco Moreno Barrón: “Repruebo este doloroso escenario que daña a toda la sociedad… –son– problemas que deben encontrar otros caminos de solución, nunca la violencia”. Y llamó a conservar la calma, informarse en medios oficiales o fidedignos, evitar mensajes falsos o alarmistas y tejer redes de información verdadera y apoyo social.
Dicho de otra manera, varios grupos criminales se ponen en movimiento en contra de la población civil y en lugar de que el sentido común se abra paso para que actores políticos, agentes económicos y sociales muestren aptitud para sumar fuerzas y esfuerzos, abundan los palos de ciego en contra del gobierno federal y su estrategia de seguridad que en Michoacán propinó un severo golpe a bandas criminales.
