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El domingo, Boeing acordó declararse culpable de un cargo de delito grave por conspirar para defraudar al gobierno federal estadounidense por dos accidentes fatales del 737 Max en 2018 y 2019, según un expediente judicial presentado a última hora de la noche.
En el acuerdo, esbozado en parte en la presentación del expediente judicial, Boeing también acordó pagar una multa de 487,2 millones de dólares —el máximo permitido por la ley— e invertir al menos 455 millones de dólares en los próximos tres años para fortalecer sus programas de cumplimiento y seguridad.
La empresa quedará en periodo de prueba, supervisado por el Tribunal Federal del Distrito Norte de Texas, durante tres años. Como parte del periodo de prueba, el Departamento de Justicia nombrará a un supervisor independiente que velará por el cumplimiento de las medidas de seguridad y presentará informes anuales al gobierno. La empresa se enfrentará a sanciones adicionales si incumple alguna de las condiciones. También se exigirá al consejo de administración de la empresa que se reúna con las familias de las víctimas de los accidentes.
La decisión de Boeing de declararse culpable es importante porque la empresa no había sido condenada por un delito federal en décadas. En el expediente, el departamento describió el cargo de conspiración para defraudar al gobierno federal como “el delito más grave que era demostrable de manera más inmediata”.
El acuerdo alcanzado el domingo derivó del incumplimiento de un acuerdo al que Boeing había llegado con el Departamento de Justicia en 2021, según el cual realizaría importantes cambios en materia de seguridad tras los dos accidentes mortales. Durante el gobierno de Joe Biden, el Departamento de Justicia ha dado prioridad a garantizar que empresas como Boeing cumplan dichos acuerdos.
El Departamento de Justicia y Boeing hicieron una presentación conjunta el domingo por la noche, notificando al Tribunal de Distrito que habían llegado a un acuerdo de principio. Alrededor de la próxima semana se presentará el acuerdo formal. El tribunal fijará entonces una audiencia para que la empresa se declare formalmente culpable. Las familias de las víctimas podrán intervenir durante esa audiencia.
Las familias de las víctimas, a quienes se informó hace una semana de las líneas generales del acuerdo, habían dicho que no era suficiente. Paul Cassell, abogado de más de una decena de familias, dijo que estas habían buscado una admisión de culpa por la muerte de 346 personas que fallecieron en los accidentes, que involucraron al problemático avión 737 Max de Boeing, en Indonesia y Etiopía a finales de 2018 y principios de 2019. Las familias esperaban consecuencias más duras para la compañía y sus ejecutivos, incluido un juicio.
El Departamento de Justicia reconoció la posición de las familias en su presentación judicial del domingo. En un documento separado, las familias dijeron que se opondrán al acuerdo y “tienen la intención de argumentar que el acuerdo con Boeing hace concesiones injustas a Boeing que otros acusados criminales nunca recibirían y no responsabiliza a Boeing por la muerte de 346 personas”.
Cassell dijo que el acuerdo del gobierno con Boeing “claramente no es de interés público”.
“Este acuerdo no reconoce que, debido a la conspiración de Boeing, 346 personas murieron”, dijo Cassell. “A través de la astuta abogacía entre Boeing y el Departamento de Justicia, se están ocultando las consecuencias mortales del crimen de Boeing”.
La decisión de Boeing de declararse culpable no proporciona inmunidad a ningún empleado o ejecutivo de la empresa. Y el acuerdo no la protege de los cargos que puedan derivarse de otras investigaciones, incluida la relacionada a un episodio ocurrido el 5 de enero en Alaska Airlines, en el que un panel estalló en un Boeing 737 Max poco después de que el avión despegara del aeropuerto de Portland, Oregón. Aunque el incidente no causó heridos graves, pudo haber sido catastrófico si se hubiera producido minutos después, cuando el avión alcanza la altitud de crucero y los auxiliares de vuelo y los pasajeros se pueden mover por la cabina.
Una portavoz de Boeing confirmó que la empresa había llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia, pero no quiso hacer más comentarios.
El acuerdo actualiza un acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2021, alcanzado en los últimos días del gobierno de Trump, que permitió a Boeing evitar cargos penales en los dos accidentes mortales. La compañía ya ha pagado 500 millones de dólares en restitución a las familias de las víctimas y 243,6 millones de dólares en multas.
El acuerdo de Boeing de 2021 requería que la compañía no cometiera irregularidades durante un periodo de tres años. En mayo, el Departamento de Justicia señaló que Boeing incumplió el acuerdo porque la empresa no “diseñó, implantó y aplicó” un programa de ética y cumplimiento en sus operaciones para prevenir y detectar infracciones de las leyes de EE. UU. sobre fraude.
Como parte del acuerdo de 2021, el Departamento de Justicia dijo que Boeing solo tendría que pagar 243,6 millones de dólares más si la empresa incumplía. Pero un juez decidirá en última instancia si el pago de 2021 cuenta para el total de la multa, dijo un funcionario del Departamento de Justicia, hablando bajo condición de anonimato para discutir el acuerdo. El juez también decidirá cuánto más en indemnización debe pagarse durante la sentencia.
El cargo de 2021 se centraba en dos empleados de Boeing a quienes se acusaba de ocultar información a la Administración Federal de Aviación sobre los cambios que Boeing había introducido en el software de control de vuelo implicado en ambos accidentes.
Según ese acuerdo, además de las multas y la indemnización a las familias de las víctimas, Boeing pagó más de 1700 millones de dólares a sus clientes por no poder recibir entregas de los 737 Max durante los 20 meses de prohibición mundial del avión.
En total, Boeing ha gastado unos 20.000 millones de dólares a causa de los accidentes, incluidas multas, pagos a las familias, reembolsos a las compañías aéreas y otros costos derivados de los casi dos años de inmovilización de los 737 Max por la Administración Federal de Aviación.
El Departamento de Justicia se ha enfrentado a presiones contrapuestas sobre cómo penalizar a Boeing, una empresa que ya estaba en dificultades y que, entre las principales contratistas de defensa del gobierno, es una de las mayores exportadoras de EE. UU. y una empleadora importante. En 2023, casi el 40 por ciento de los ingresos de la empresa procedían de contratos con el gobierno de Estados Unidos.
Aunque los detalles completos del acuerdo no se incluyeron en la presentación judicial pública del domingo, es probable que Boeing obtenga garantías del gobierno de que una condena por delito grave no obstaculizará sus contratos gubernamentales, reduciendo el impacto de la acusación en las operaciones de la empresa, dijo Mark Lindquist, abogado de las familias de las víctimas del accidente del Max 8, quien ahora representa a los pasajeros del vuelo de Alaska Airlines. Esas exenciones serían independientes del acuerdo de culpabilidad, dijo.
“Aunque muchos de nosotros habríamos preferido un juicio más enérgico, una declaración de culpabilidad por un delito grave es un paso importante en la rendición de cuentas”, dijo Lindquist.
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