Un buen diagnóstico es la premisa de una buena solución. Pero no es suficiente para resolver los complejos problemas de un país. Se requiere entender con realismo, y no con propaganda, lo que debe hacerse. Tengo la impresión de que esta insuficiencia, y no el conocimiento del entorno, ha sido la causa en los malos resultados de la actual administración. La corrupción sí es un problema de valores y remite a la descomposición social por el individualismo posesivo que permea la cultura dominante y que lleva a lo que el Presidente califica como aspiracionismo. Pero la retórica evangelizadora desde el poder no ayuda. Se requiere entender el problema cultural, pero también los incentivos, las reglas, los procesos y las instituciones que son parte de la solución. Si solo se atendiera el objetivo de abatir la impunidad, se alcanzaría mucho más que con el discurso, que al dar por resuelta la corrupción la enmascara y propicia su continuidad.
Lo mismo puede verse en otros temas. Por ejemplo, recientemente el Presidente ha resuelto crear una empresa pública para vender gas y con ello evitar el abuso de quienes dominan la oferta. Suponiendo que así sea, hay respuestas institucionales, incluso algunas en los márgenes de la cordialidad, que pueden utilizarse para resolver el problema.
Para lo primero está la Profeco, la Cofece y la CRE. De ahí la importancia de empoderar a los órganos autónomos para que sean estos y no la competencia desde el Estado los que impidan las deformaciones del mercado. Para lo segundo, el SAT es más que convincente para que las utilidades se correspondan con una contribución proporcional al erario. Igual sucede en el tema de disminuir la pobreza. Desde luego que todo mexicano tiene derecho a un piso mínimo de bienestar. Pero frente a las limitaciones del gasto público, no se puede generalizar el gasto social, sino focalizarlo y convertirlo en acciones que permitan integrar al circuito de la economía a los sectores menos favorecidos. Para eso se requiere impulsar al sector privado y a la generación de empleos como prioridad del gobierno, sin prejuicios. Solo así es posible que el bienestar sea algo real, permanente y, sobre todo, que no quede en simple retórica.