La detención del responsable de un homicidio no debiera significar una buena noticia. Sí lo es, y mucho, en el país de la impunidad, causa y razón para que el delito gane terreno. En sociología criminal tiene sentido que la crisis familiar, económica o de valores propicie la delincuencia, pero el sentido común y la simple lógica muestra que el incentivo mayor es la ausencia de justicia que, además, afecta a las víctimas. Como política pública pudiera entenderse que se combata al crimen en sus causas profundas, pero no como respuesta de Estado: debe haber justicia, la que inicia con la detención de los presuntos responsables.

Debe darse por cierto que muy distinto sería si se diera la batalla en serio para abatir el oprobio de la impunidad. El objetivo de esta generación es la certeza de derechos como en su momento, al cierre del siglo pasado, fue lograr la normalidad democrática, hoy, por cierto, bajo acecho debido a la falsa idea de que fue un logro irreversible. Quienes hemos alzado la voz exigiendo justicia en los casos de los periodistas ejecutados debemos ver con beneplácito el anuncio del Presidente y sus colaboradores de que, en el marco de la colaboración con la Fiscalía del Estado de Baja California, se haya detenido a tres presuntos responsables de la ejecución de Lourdes Maldonado. En voz del subsecretario Ricardo Mejía, no se ha esclarecido del todo la acción delictiva y, si fuera el caso, seguramente la identidad del autor intelectual del homicidio. No solo falta que se transite hacia la justicia, también se debe detener a los responsables de las ejecuciones de muchos otros periodistas, en este y otros años. Los mexicanos somos iguales ante la ley y ante la vida. Lo mismo en el homicidio de un periodista que en el de otra persona. Las noticias son recurrentemente trágicas y denotan una sociedad indefensa ante el crimen por la ausencia de autoridad, por la falta de justicia. Es responsabilidad de todos, pero primero de las autoridades, de los ministerios públicos, de las policías de investigación, de los jueces y hasta del sistema carcelario, hoy en buena parte en manos de los mismos delincuentes, escuelas del crimen que no funcionan como castigo ni como centros de rehabilitación social. La derrota es casi total. Los feminicidios, los crímenes a menores, el abuso sexual a las mujeres, las masacres y muchos actos criminales se han vuelto parte del paisaje, a grado tal que se ha perdido capacidad de indignación y llevado a extremos de complacencia social frente a la situación de impunidad. Las cifras de los criminales condenados por sus hechos son algo peor que una ofensa social y un agravio a las víctimas, es la amenaza más explícita a la convivencia civilizada por la incapacidad del Estado para cumplir con su más elemental responsabilidad.