El plan de austeridad impulsado por la 4T para captar recursos que serán usados para incrementar insumos en materia de salud y apoyar la economía nacional, podría alcanzar los dos mil 342 millones de pesos al año, ya que existen al menos 25 mil 536 altos mandos de 25 dependencias del gobierno federal que están en posibilidad de aportar voluntariamente un porcentaje de su salario.

Una revisión de los Analíticos de Plazas del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, revela que si todos los funcionarios públicos cumplieran con la cuota que les corresponde, que va desde el 5% hasta 25% de su sueldo, el gobierno federal captaría anualmente al menos 2 mil 342.2 millones de pesos adicionales.

​Dicha cantidad de dinero equivale al presupuesto para este año de la Auditoría Superior de la Federación (2,378 mdp) y a 61% de la partida para la Cámara de Senadores. Si se compara con el monto disponible para el programa Sembrando Vidas, los 2 mil 342 mdp de las aportaciones voluntarias de funcionarios públicos, apenas representan 10% del dinero disponible para el programa de Sembrando Vida para este año.

La dependencia que puede aportar más dinero mediante las aportaciones voluntarias es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues cuenta con 6 mil 828 servidores públicos que pueden, conjunto, dar 603.3 millones de pesos anuales.

Una quinta parte de esos recursos (122.4 mdp) provienen del sector central de la dependencia y el resto se divide entre sus 18 entes, destacando el Servicio de Administración Tributaria que podría generar hasta 249.6 millones de pesos mediante esta medida.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se ubica como la segunda dependencia que puede brindar más aportaciones voluntarias. Los analíticos de plazas revelan que mil 928 trabajadores cuentan con un nivel de subdirector o mayor lo cuales pueden aportar hasta 180.9 millones de pesos.

Actualmente el país se encuentra en una situación económica crítica tras quedar paralizada por el confinamiento que realizó la mayoría de la población con el fin de reducir la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias señalan que esta medida evitó un colapso en el sistema de salud nacional, pero generó que entre marzo y mayo 20 millones de mexicanos vieran mermados sus ingresos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó el viernes pasado que los recursos que se obtengan de esta medida de austeridad serán utilizados para mejorar las capacidades en hospitales públicos que atienden enfermos de covid-19 y también servirán para apoyar a los sectores más afectados por la crisis económica.

Por tal motivo las aportaciones voluntarias que entreguen los altos mandos del gobierno cobran una mayor notoriedad ante la situación actual, de hecho los mil 629 funcionaridos de la Secretaría de Gobernación sumarían hasta 137.2 millones de pesos, mientras que los mil 565 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrán donar 136.1 millones anuales.

En contraparte las entidades que pueden entregar una cantidad de dinero menor son la Consejería Jurídica del Ejecutivo, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cada una de ellas alcanzaría un máximo de 12, 19.9 y 20.3 millones de pesos.

En un comunicado emitido desde el 5 de abril pasado, López Obrador señaló que “se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el de presidente de la República”.

Sin embargo, un día después el titular del Poder Ejecutivo reculó sobre la decisión de privar a los burócratas de una prestación de ley como el pago anual y la reducción salarial tras señalar que “es voluntario” donar esta parte de su ingreso.

Aunque resaltó que “estar en un gobierno que busca la transformación y ser insensibles” resulta contradictorio, por lo que si él pudiera donar más de lo que establece el plan de apoyo lo haría.

El gobierno federal busca obtener al menos unos 3 mil millones de pesos con el recorte de salarios de altos funcionarios y la eliminación del aguinaldo como parte de las medidas para afrontar la crisis económica que se generará como consecuencia del cierre masivo de negocios y comercios por la epidemia de covid-19 en el país.​