La Organización Internacional de Policía Criminal  (Interpol) emitió la ficha roja de localización contra Víctor Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, por lo que ya son buscados en 190 países.

Se emiten red notice sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena. Una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar, dice Interpol en su sitio web.

El 10 de septiembre el  juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, libró una orden de aprehensión contra la conductora de televisión y su esposo, a quienes se les acusa de la comisión de los delitos de peculado, delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La conductora evitó anteriormente un juicio por evasión fiscal, al pagar más de 10 millones de pesos a Hacienda por contribuciones omitidas.

Un día después Gómez Mont expresó que, ni ella ni su esposo había tenido  acceso a la orden de aprehensión en su contra, ni a las pruebas que la justifiquen. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, puntualizó que únicamente han tenido acceso a los reportes de prensa “con información parcial y dolosamente filtrada“.

Este asunto tiene su origen en una revisión que hizo la Secretaría de la Función Pública a contratos que la Secretaría de Gobernación (Segob), en tiempos de Miguel Osorio Chong, asignó sin licitación de por medio a empresas que luego habrían triangulado 2 mil 950 millones de pesos a “factureras”.

Estas empresas que facturan operaciones simuladas (Efos) o “factureras” estarían relacionadas con el despacho contable de Álvarez Puga, esposo de la presentadora de televisión.

El 21 de agosto de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también denunció por lavado de dinero a Juan Manuel Flores Athié, titular de la Unidad de Finanzas y Administración de la Segob, en el sexenio pasado, así como a 17 personas físicas y morales, por lavado.

En el caso de Álvarez Puga y su esposa, quienes se encuentran fuera del país, uno de los delitos imputados -la delincuencia organizada– prevé la prisión preventiva oficiosa, lo que impide a los imputados llevar su proceso en libertad, en caso de ser detenidos.

Los problemas legales de Álvarez Puga no son nuevos, ya que el 22 de abril de 2010 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catearon las oficinas de su despacho Álvarez Puga y Asociados. 

El SAT señaló en ese entonces que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.

Creditos: Aristeguinoticias