La semana pasada la noticia más relevante fue el arresto de Ismael Zambada, alias “El Mayo”, un líder histórico del Cártel de Sinaloa que no había sido detenido anteriormente. Durante 30 años dirigió el Cártel junto a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, por lo que se le consideraba uno de los líderes criminales más importantes de la época. 

La información fue fluyendo poco a poco. El jueves las versiones señalaban que tanto Ismael Zambada como Joaquín Guzmán López, “el Güero”, hijo de Guzmán Loera, se habían entregado voluntariamente a la DEA tras alcanzar un acuerdo.

El viernes, la prensa de Estados Unidos reportaba algo distinto. El abogado de Ismael Zambada acusó que a su cliente lo llevaron por la fuerza a Estados Unidos, y que se declaraba inocente de los cargos que se le imputaban. Diversos medios señalaron que, al parecer, la versión que más se acerca a la realidad es que “El Güero” habría negociado con las autoridades estadounidenses, y habría obligado de alguna manera a “El Mayo” para que volara a Texas. Una vez ahí, los capos fueron separados, pues mientras Ismael Zambada se quedaba en El Paso, Guzmán López era trasladado a Chicago.

La detención fue celebrada por los gobiernos mexicano y estadounidense, pero con diversos matices. La administración de Joe Biden informó que la operación había sido resultado de un operativo conjunto entre el Departamento de Seguridad Interior y el FBI, lo que deja por fuera a la DEA y al Departamento de Justicia que son quienes históricamente se han encargado de atender los crímenes de narcotráfico.

Por su parte, la administración del Presidente López Obrador se apresuró a decir que no tenían conocimiento del operativo hasta que se realizó, y que fueron informados de la detención una vez que “El Mayo” ya estaba en custodia de autoridades estadounidenses. El gobierno mexicano fue enfático en señalar que no había participado en la operación.

De ser ciertas todas las versiones que predominan, la operación puede resumirse así: Joaquín Guzmán López secuestró con apoyo de personas armadas no identificadas, en suelo mexicano, a Ismael Zambada, lo subió a un avión a Texas y lo entregó a autoridades estadounidenses con quienes habría negociado algún beneficio. Mientras tanto, el gobierno estadounidense habría mantenido en la oscuridad al gobierno mexicano, sin informarle de los detalles de la operación que se realizaba en su territorio.

Esto representa un cambio en las reglas del juego de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia del combate a las drogas. En principio, porque lo que tradicionalmente era un esfuerzo conjunto con intercambio de información y operativos realizados por las fuerzas federales mexicanas, se ha transformado en operaciones realizadas por los Estados Unidos sin conocimiento del gobierno mexicano.

Pero además, esto demostraría la falta de confianza de las autoridades estadounidenses en la administración de López Obrador, al transformar radicalmente las operaciones conjuntas basadas en confianza por operaciones encubiertas. No sorprende si el argumento era la posibilidad de la fuga de información, o si el riesgo era una respuesta similar al culiacanazo que terminó con la liberación de Ovidio Guzmán.

Lo cierto es que en medio de la temporada electoral estadounidense, el gobierno de Joe Biden se anotó una victoria, demostrando al menos en lo mediático que está actuando contra el fentanilo, mientras el gobierno mexicano solo pudo mirar. Esas son las nuevas reglas del juego.