Agustín Caso Raphael, auditor especial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suspendido por los cálculos erróneos en los costos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), aseguró este martes que no hubo “dolo” ni “motivación política” en la revisión de las cifras.

“Manifiesto con firmeza que no existió dolo o motivación política en el equipo auditor”, declaró en su comparecencia ante la Cámara de Diputados y apeló a sus 50 años de experiencia durante los cuales no había sido sancionado.

Cabe recordar que el mes pasado, en los resultados de la fiscalización de la cuenta pública de 2019, la ASF detalló que la cancelación del NAIM por parte de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, tuvo un costo 232 por ciento mayor a lo previsto por el Gobierno, al ascender a más de 331 mil 996 millones de pesos.

Sin embargo, el Gobierno aseguró que el informe contenía errores equivalentes al 75 por ciento del sobrecosto, y la propia ASF admitió “inconsistencias”.

Este martes, Caso Raphael defendió que la metodología utilizada para la estimación “está basada en los gastos implicados en el proceso de cancelación”.

“No vengo a defender a capa y espada una cifra”, dijo y aseguró que su intención no fue “imputar alguna conducta ilegal a un ente o a un Gobierno” y que la presentación de las cifras “de ninguna manera entraña un ataque la investidura presidencial”.

Precisamente ante la cifras, López Obrador señaló que los datos publicados por la ASF sobre irregularidades en su Gobierno eran incorrectos y exagerados.

En una carta dirigida a la Cámara de Diputados, el mandatario mexicano expuso que un error de este tipo no sólo obedecía a una deficiencia técnica, “sino también a una intencionalidad política”.

Posteriormente, el 1 de marzo, el responsable de la ASF, David Colmenares, compareció en la Cámara de Diputados para explicar las presuntas inconsistencias y ese mismo día la Auditoría cesó de manera temporal a Caso como auditor especial.

Este martes el auditor suspendido señaló que la finalidad de las auditorias de desempeño “es aportar recomendaciones que mejoren la gestión pública”.

Precisó que el pago final de la cancelación del NAIM podría extenderse por más de 26 años y señaló que, por el bien del país, el proceso de cancelación “debe hacerse transparente”.

“No estamos ante un hecho completamente pagado o cerrado, se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos financieros y económicos que pueden completarse en 26 años”, expuso.

Además, su discurso ocurrió en sintonía con el de Colmenares, quien el 1 de marzo insistió en que no hubo “ningún tipo de mala fe” en su trabajo, y recordó que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México no presentó ninguna objeción al mismo durante su proceso de elaboración.