Querétaro es la Ciudad del país, que además de sus bajos niveles de ataques de organizaciones del crimen organizado, acaba de ser el sitio donde sucedió un hecho jurisdiccional sin precedentes en todo el país. 

Y es que una Jueza de Control analizó y sentenció a una persona a quien tres perros le molestaban tanto en la vecindad de su casa, en el uso cotidiano de las banquetas comunes, que amenazó a su dueño con hacer “algo” contra los animales que eran paseados rutinariamente por su amaestrador. 

Pues el año anterior, quien es identificado en el proceso como “Benjamín N”, la persona de referencia llevó a los hechos su animadversión contra los perros y dejó al alcance de los canes esparcidas por las banquetas y setos salchichas envenenadas que le causaron la muerte a dos y por poco matan a otro, el más joven del trío. 

Este hecho de violencia animal, porque nadie en uso de razón puede atentar así contra la vida de canes, es muy trascendente pues se constituye en el primer juicio en nuestro país con resultado de una condena por crueldad animal. 

Por ello, esta nota que se asomó a los medios informativos y las redes en días pasados fue sumergida a páginas interiores y bajos “likes” por la gravedad de los hechos y litigios en curso en el país, junto con los Mineros del Pinabete, la detención del exprocurador Murillo Karam y el inicio de la aplicación de la nueva fórmula educativa de este gobierno, preñada de convicciones divergentes e intoxicada de ideología. 

Los perros que originaron este singular juicio eran Athos y Tango, dos canes adiestrados por Edgar Martínez, colaborador de la Cruz Roja, que fue reforzando las actitudes instintivas de los animales para conducirlas hacia el rescate de personas en hechos de desastre. 

Dicho así: dos perros rescatistas al servicio de la Cruz Roja en Querétaro. 

Athos era un can raza Border Collie inquieto y juguetón. En su historial de rescates, ubicó a un grupo de personas atrapado entre los cascotes de un derrumbe por el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la CDMX. También fue llevado a ayudar a una erupción volcánica en Guatemala. 

Tango era un Yorkshire a quien habían entrenado para dar acompañamiento y calor a niños con trastornos de ansiedad, así como en condición del espectro autista o el síndrome de Down. 

La irracionalidad de Benjamín N al dejar esos cárnicos empozoñados esparcidos por la calle con sus aviesos propósitos también afectó a un tercer perro. Fue Balam el que, desfalleciente, alcanzó a llegar a la atención hospitalaria y logró que salvaran su vida. Balam es hijo de Tango.  

El caso fue llevado por más de un año en los estrechos y a veces tortuosos pasillos de la administración de la justicia en el país, hasta que llegó a manos de la jueza Alicia Basurto García. 

Por incidencia afortunada, esta Jueza se decidió a concretar algo que corresponde a la tan usual expresión de nuestros cronistas deportivos de todas las cadenas de radio y televisivas: “hizo historia”. Eso, pero de a de veras. 

Y es que la impartidora de justicia sentenció en primera instancia al agresor de los perros a 10 años de prisión y a que pague 2.3 millones de pesos a Edgar Martínez, como resarcimiento del daño que le causó en su patrimonio, porque eso eran los animales. 

El juicio se desarrolló entre el 16 y el 22 de este mes en curso y tuvo como resultado, también, la imposición de una multa por 115 mil pesos al autor de la irracionalidad contra los canes. 

Como quiera que sea, la Jueza Basurto García fue la primera en producir una sentencia de ese tipo en México, luego de un juicio concentrado en castigar con penas de cárcel y altas cifras por reparación del daño al autor de esa crueldad animal. 

Mientras la Suprema Corte de Justicia se debate con temas tan graves como la regulación de la Prisión Preventiva Oficiosa, sobre la que decidirá en un par de semanas, algunos impulsores afiliados al Partido Verde buscan prohibir las corridas de toros en todo Estado de la República donde se descuiden. Por lo pronto, tienen en jaque a los empresarios de la Plaza México, la más grande del mundo. 

El tema de la agresión y crueldad hacia los animales tiene ya su trayectoria a través de lustros más recientes. Han transitado notas relacionadas con esta desviación como galopes de caballos por las redes y los chats. 

Se viralizó un video que muestra cómo un grupo de personas, con la expectativa y anuencia de cinco policías municipales, torturó hasta la asfixia a una hembra de osezno en la población de Castaños, Coahuila. 

Muerto el animal por haber cumplido con la dramática necesidad de bajar de los cerros hacia zonas urbanas pobladas por salvajes para buscar alimento y quizá hasta un poco de agua, ante la escasez que los rigores del calor le están imponiendo la naturaleza a todas las especies que habitan la zona. 

Llama la atención cómo en diversas poblaciones de Canadá ponen botes de basura públicos sellados por todos lados y con un dispositivo que necesita la introducción de los dedos de la mano humana para abrirlos. 

De lo que se trata es de evitar que los osos se acostumbren a bajar a los centros urbanos a alimentarse en los basureros. Y hay que considerar la clase de castigos impuestos contra aquel o aquellos a quien se le ocurra atentar contra un oso que baja a buscar comida. 

Algo similar a lo que hizo la Jueza Basurto García en Querétaro, pero sin “hacer historia” porque allá es costumbre y conducta cultural. 

Lo malo de este hecho litigioso sin precedentes es que el salvaje Benjamín N tiene la opción de apelar la sentencia impuesta por la Jueza de primera instancia, e incluso la posibilidad de recurrir al amparo directo, por lo que puede librar la cárcel. 

Veremos en qué para este hecho inédito en la historia judicial de México, teniendo de por medio a tres perros y una Jueza decidida a terminar con sus resoluciones la crueldad animal. 

LOS JESUITAS, AL ATAQUE

Tal como aquí los consignamos, la organización de la Compañía de Jesús no se quedó con las manos cruzadas ante el asesinato en Cerocahui, hace ya más de dos meses, de sus hermanos religiosos Javier Campos y Joaquín Mora. 

Después de haber impulsado junto con la organización de los Obispos y la agrupación de las órdenes religiosas durante todo Julio una serie de ritos y celebraciones litúrgicas, con la presencia de fotografías de las víctimas de la violencia que campea por el país, ahora los Jesuitas dan otra vuelta de tuerca. 

Como elemento de presión a las autoridades nacionales, la organización de las siete Universidades Jesuitas del país ha establecido al que han llamado “Observatorio Para la Incidencia a Favor de la Justicia con Paz y Reconciliación”. 

De acuerdo con el planteamiento discursivo salido de la instruida narrativa jesuítica, lo que buscan a través de los alumnos de sus siete universidades es influir claramente en las políticas públicas que tiendan a modificar la realidad. 

La estructura general del planteamiento para crear este Observatorio está diseñada para mostrar la falta de resultados concluyentes de esta administración contra la inseguridad en el país. 

Los miles de asesinatos dolosos, el preocupante control que las bandas del crimen organizado tienen en diversas regiones del país mostrado en los incendios y bloqueos recientes, son los argumentos que ponen al frente los animadores Jesuitas de este organismo de reciente creación. 

Si en los ámbitos de inteligencia política del Gobierno creían que los directivos de la Compañía de Jesús se iban a quedar solo mirando después del asesinato de dos de sus sacerdotes en la Sierra Tarahumara, se equivocaron rotundamente. 

Ahí tienen a los hijos de San Ignacio de Loyola en pié de lucha y, si no se atiende el asunto con propiedad, será un tema que irá creciendo y será la roca en el zapato de la gestión de la 4T cuando se vayan aproximando los temas electorales del 2023 y 2024. 

Por si fueran pocos los temas de coyuntura que tocan por todos lados al régimen actual. 

Les deseo un gran día de sol 

Twitter @undatosrarvizu 

FB Eduardo Arvizu Marin 

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