La clave fundamental de la estrategia de construcción de la paz mexicana se basaba en la posibilidad de que los grupos delictivos en sus diferentes especialidades que habían capturado partes institucionales y territoriales de la república aceptaran el compromiso de abandonar la violencia y se centraran en la contribución a la estabilidad social y pacífica.

Tres años después, las organizaciones delictivas usaron la desmovilización operativa de las fuerzas de seguridad del Estado no solo para fortalecer su control territorial, sino para expandir sus áreas de influencia, extenderse a negocios criminales como el secuestro, la extorsión y el sicariato y meterse en la política apoyando o beneficiando a determinados grupos partidistas en competencia electoral.

La imposibilidad de un diálogo de negociación de funcionarios del Estado con cabezas operativas de la delincuencia organizada fue el principal problema para consolidar el modelo de gobernanza criminal. Al contrario, las jefaturas delictivas dejaron sentir que habían ganado la competencia con el Estado y en estos tres años se han teniendo evidencias de consolidación no solo de los negocios del crimen organizado, sino que de manera peligrosa y retadora esas organizaciones criminales han construido desordenadas pero intimidatorias fuerzas con armamento suficiente para equipararse y en algunos casos rebasar a las fuerzas policiacas locales, aunque el ejército sigue manteniendo la hegemonía de la fuerza institucional.

Solo como ejemplo se puede tomar la información procedente de Caborca, Sonora, donde aparecieron caravanas con decenas de delincuentes armados sin que se diera de inmediato una respuesta en sentido contrario y en la misma dimensión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. En términos teóricos una decisión operativa de la Guardia Nacional hubiera encarado y derrotado a los delincuentes, pero esa decisión no llegó.

Las organizaciones criminales tienen capacidad de acceso a las armas que va mucho más allá de los fabricantes hoy demandados por México y tiene que ver con verdaderas estructuras de comercio sofisticado para el acceso legal, semilegal o clandestino a las armas de alto poder que se compran en Estados Unidos y se trasladan vía contrabando al interior de México, con la complicidad de autoridades migratorias de ambos países.

Ante la reorganización y fortalecimiento de las organizaciones criminales, la estrategia de seguridad basada en la construcción de la paz es insuficiente para evitar la violencia derivada de la toma de posesión de partes territoriales de la soberanía del Estado y combatir la captura de funcionarios estatales y municipales desamparados por la política de seguridad del Estado.

Si bien están dadas las condiciones para un golpe de timón que introduzca la ofensiva operativa del Estado para combatir la violencia del crimen organizado y acotar las guerras territoriales entre las organizaciones criminales y todo ello sin dejar de buscar la gobernanza criminal, las decisiones gubernamentales están tardando frente a las presiones internacionales que ya están afectando la soberanía nacional como la presencia pública del FBI, la DEA y la policía montada canadiense en Quintana Roo desplazando algunas de las funciones no activadas de la Guardia Nacional.

La nueva estructura de seguridad organizada y profesionalizada en los dos primeros años de este gobierno es suficiente para encarar la narcoguerra desatada entre carteles por el control de territorios y rutas de la droga hacia Estados Unidos. Y solo falta que el gobierno mexicano, como lo tiene la Casa Blanca, organice un cuerpo de seguridad sobre temas del narcotráfico para trabajar en Estados Unidos y obligar al gobierno estadounidense a combatir las poderosas células de cárteles mexicanos en ese país que dominan el contrabando, la distribución y la venta al menudeo en sus calles.

Si México no toma decisiones de fondo, Estados Unidos seguirá imponiendo su enfoque de seguridad pública en México, pero afectando la seguridad nacional mexicana.

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Sigue desaceleración. Las últimas cifras del INEGI revelaron el lunes la tendencia de desaceleración productiva que estaría configurando un escenario anual de estancamiento y quizá de recesión hacia el 2023. Por lo pronto, las cifras adelantan la expectativa de que el PIB de este año no cumpla la meta de cuatro a 1% definida por las autoridades y sea menor al 2%.

Política para dummies: La política se basa en estrategia de seguridad del Estado.

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