Federico Berrueto
Es posible que David Colmenares, titular de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) no haya medido las consecuencias del error en
la estimación del costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Su
renuncia en nada resolvería el enorme daño que recibe la institución más
relevante en el escrutinio del gasto público federal. Es inaceptable que una
entidad fundamental de la Cámara de Diputados, autónoma, con todos los
elementos técnicos y recursos humanos haya cometido una pifia de tal tamaño,
particularmente porque era previsible la respuesta hostil del Presidente.
Colmenares es un funcionario reconocido, respetado y
respetable, además, con amplia experiencia en el sector hacendario. El reporte
de la auditoría dado a conocer atiende aspectos fundamentales y, por lo mismo,
era necesario que fuera un estudio impecable, verificado y a prueba de ácido.
No fue así, al menos en un tema fundamental y eso hace que pierda valor del
todo. Ese descuido es inexplicable.
El presidente López Obrador está en su derecho de defender a
su gobierno y de disputar a quien le audite, sea institucional —ASF, Inegi,
INE— o provenga de la sociedad civil. El informe de la ASF es una llamada
severa de atención al gobierno. Por eso es muy lamentable el incidente, porque
resta fuerza y credibilidad a observaciones que demuestran que no hay un debido
ejercicio del gasto público y en especial en los programas y obras emblemáticas
del Presidente. En otras palabras, las cosas no han cambiado de manera
significativa en cuanto al ejercicio presupuestal, que los de ahora y los de
ayer son iguales, aunque eso caliente y sí que calienta al ser cierto.
La entidad y este informe deben ser evaluados. No en el
sentido político al que alude el Presidente, sino con estricto criterio técnico
contable. En el pasado la institución ha cometido errores y ha afectado a
particulares, hechos que no han trascendido porque se han resuelto en el
discreto trabajo administrativo o judicial. La situación ahora es distinta y al
margen de la estridencia o de la presión política, deberá auditarse al auditor.
Lo acontecido es muy lamentable porque lo que más requiere
el actual gobierno son los contrapesos. Sin duda, el control horizontal de la
administración a cargo de la Cámara de Diputados es un muy preciado recurso
para mejorar la calidad del gobierno, aunque sus reportes sean opinables y sí,
recurrentemente incómodos para los auditados. El daño es mayor no sólo a la
institución, sino al modelo de gobernabilidad democrática y control de la
administración pública federal.
