La situación es complicada. En noviembre de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el informe “Niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México” en el que se indica que la actual situación de violencia es consecuencia de problemáticas estructurales que resultan “devastadoras” para los menores.
También, debido a los altos índices de inseguridad y criminalidad, las niñas, niños y adolescentes constituyen uno de los grupos más vulnerables; ejemplo de ello es el hecho de que los asesinatos de menores de edad casi se han triplicado.
En el documento se estima que en la actualidad hay cerca de 30,000 niños, niñas y adolescentes involucrados en actividades del crimen organizado.
A los más pequeños se les encargan trabajos como vigilantes o informadores en diversas actividades, por ejemplo, el número de migrantes que arriban en trenes a determinado lugar. A partir de los 12 años, se les ocupa para cuidar casas de seguridad. De 16 años en adelante, realizan el traslado de droga y comienzan a ser contratados como sicarios.
En septiembre pasado, se presentó el informe “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Acercamiento a un problema complejo”, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en el que se indica: “A partir de los cálculos realizados sobresale que siete entidades concentran alrededor del 55% de la población de niñas, niños y adolescentes en riesgo: Estado de México (9.7%), Jalisco (8.6%), Chiapas (8.1%), Puebla (7.8%), Guanajuato (7.3%), Veracruz de Ignacio de la Llave (7.2%) y Michoacán de Ocampo (6.5%)”.
A principios del mes pasado, en el foro “La justicia de adolescentes en México”, organizado por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) alertaron que entre 145,000 y 250,000 menores están en peligro de ser reclutados por algún grupo de la delincuencia organizada.
Las organizaciones advirtieron que ser joven en México es peligroso, sobre todo ante la falta de políticas públicas que atiendan la violencia general en el país.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Redim, aseguró que “los jóvenes no están ahí voluntariamente, vienen de un contexto de violencia y no tienen otra salida; sí es la pobreza, pero también en algunos casos su vida depende de la filiación al crimen”.
Francisco Rivas, director del ONC, consideró que no solo los grandes cárteles utilizan a los menores, también están las familias delictivas, pandillas en colonias y grupos pequeños. “Para ellos, los menores son carne de de cañón que fácilmente son repuestos en caso de que sean detenidos o asesinados”.
Por su parte, la organización Reinserta presentó –a mediados del mes pasado– su estudio “Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada”. Marina Flores, líder del estudio y directora de Monitoreo y Evaluación de Reinserta, expuso que la forma más común de reclutamiento de los menores de edad es a través de conocidos, como amigos y familiares.
“Existe una relación de admiración y lazos afectivos muy fuertes con las figuras de autoridad de la delincuencia organizada. Niñas y niños fungen como reclutadores de otras niñas, niños y adolescentes”, señaló.
Por su parte, Mercedes Castañeda, cofundadora de Reinserta, aseguró que el consumo de drogas, el entorno de violencia y la llamada "narcocultura" también son factores.
Un dato más del estudio refiere que: en el norte, los cárteles pagan los sueldos más altos a los menores de edad, que van de los 25,000 a los 35,000 pesos al mes.
¿Y qué hace el Gobierno federal al respecto? La semana pasada se instaló el Consejo del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la Delincuencia Organizada (ONPRENNA), con el objetivo de elaborar una agenda de acciones en favor de la infancia.
En representación de la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, expuso la necesidad de evitar que los menores sean involucrados en actividades criminales. “Sin duda, las condiciones de vulnerabilidad que vive la infancia desde el seno familiar han venido generando una aceptación de que la delincuencia es una manera de abrirse camino en la vida”, aseveró.
Reconoció el esfuerzo de los integrantes del Consejo, pues como espacio colegiado visibilizará el fenómeno y generará propuestas de políticas públicas que ayuden a frenar la problemática, ya que el interés superior de la niñez debe ser el eje de estas políticas.
En la sesión estuvieron representantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) México; del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF); de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), así como del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Además, diversas organizaciones que integran el Consejo, entre ellas: Casa Quinqué, Comisión Interdefensora de los Derechos Humanos, Desarrollo Humano AC, Justicia Juvenil, Red por los Derechos de la Infancia, Reinserta un Mexicano AC, así como Seguridad Ciudadana y Política Pública y Movilización de World Vision de México.
Por último, y respecto de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Redim señaló que “ni los videojuegos ni las plataformas digitales son las responsables de las violaciones en contra de los derechos de nuestra infancia en México. Por el contrario, estas plataformas son lugares de comunicación, de acceso a la información y expresión de las propias opiniones, que en el contexto de resguardo por la pandemia aumentó la participación y socialización digital. Es una falsa solución pensar que se deben prohibir los videojuegos o retirarlos como la forma de atención a un problema estructural de violencia que aún no resuelve el Estado”.
“Tal como lo hemos señalado en nuestro informe ‘Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México’, ellas y ellos son víctimas permanentes de las desigualdades sociales y económicas y muy especialmente, de la violencia generalizada y armada que toca a la niñez y adolescencia y que los hace vulnerables de caer en las manos de grupos criminales. También carecen de posibilidades de participación en una sociedad adultocéntrica que les expulsa una y otra vez de espacios de reconocimiento.
“Es necesario que se tipifique el reclutamiento, en cualquiera de sus modalidades, dentro de los delitos que deben ser castigados en nuestro país. Buscar, investigar y juzgar a quienes realizan estas prácticas contra las infancias tiene que ser una prioridad del Estado y sus autoridades”.
Ahí están los informes, los estudios, los diagnósticos, las cifras. El hecho de que el Observatorio esté bajo la directriz de Rosa Icela Rodríguez garantiza que realmente se hará algo para resolver ese problema que, desgracidamente, va en aumento. Ojalá las acciones se lleven a cabo a la brevedad para recuperar a muchos menores y salvar a otros más de los grupos delincuenciales, para el beneficio de todos.
