Alejandro Lelo de Larrea

A dos días de que se apruebe la reforma que envió al Congreso de la CDMX el jefe de Gobierno, Martí Batres, para poner un freno al alza casi indiscriminada de las rentas y toparlas conforme a la inflación anual que reporte el Banco de México, la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, anuncia que se va a reunir con los empresarios de la construcción, a quienes desdeñó durante su campaña.

El agravio de Brugada no quedó en el desaire solamente. Como parte de su propaganda y la de Morena, acusaron la existencia de un “cartel inmobiliario”, que no sólo afectó a los destinatarios de esa estrategia electoral, los panistas, sino a todo el sector, como lo advirtieron en abril pasado desarrolladores inmobiliarios, en una reunión con Santiago Taboada, candidato opositor a la Jefatura de Gobierno.

“La industria se siente herida”, dijo de manera contundente Leopoldo Hirschhorn Cymerman, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) en aquel encuentro del 23 de abril. Los desarrolladores inmobiliarios también invitaron a Brugada a una reunión, pero los desestimó.

Lamentablemente Brugada no pudo escuchar de los expertos el triste diagnóstico sobre la industria de la construcción en la capital del país, el daño que les causó la anticampaña de “cartel inmobiliario”, pero sobre todo el problema mayor: el déficit de al menos 400 mil viviendas en la CDMX.

El sector inmobiliario no es al único de empresarios que desdeñó Brugada en campaña, cual si no tuviera claro que ellos son los que más impuestos pagan, generan empleos, los trabajadores también son contribuyentes y eso se convierte en ingresos para que el gobierno federal y los locales puedan financiar los programas sociales, sombrero ajeno que le fue muy útil a Morena para arrasar en las elecciones del pasado 2 de junio.

Pasada la elección, hay que reconocer la buena intención de Brugada –al menos de palabra–, de incluir a este sector productivo en la gobernanza y desarrollo de la capital. “Pronto vamos a hacer un encuentro con todos los empresarios de la Ciudad para presentar en Gabinete. Yo me comprometí en campaña de que íbamos a hacer una mesa periódica, si se puede, semanal, para construir con los desarrolladores inmobiliarios una política pública al respecto”. Eso dijo ayer.

Seguramente el tema de la reforma de rentas de Batres se lo habrán de comentar a Brugada los empresarios, y lo más probable es que saque chispas, porque hay quienes argumentan, entre otras cosas, que establecer ese límite también topa la plusvalía de los inmuebles.

En esta relación del próximo Gobierno de la CDMX con los inmobiliarios será fundamental la nueva Secretaría de Planeación de Ordenamiento Territorial y de Metrópolis (actualmente Seduvi). La buena noticia para los empresarios del sector es que la encabezará Alejandro Encinas. Su historial es de un político conciliador, negociador, incluyente, a pesar de que es muy estrecha su relación con los grupos radicales, sectarios, esos que hoy lideran en la CDMX Clara Brugada y Martí Batres.

Encinas conoce el tema de la construcción porque formó parte de la administración de López Obrador en el DF, como secretario de Desarrollo Económico, de Gobierno, precisamente en esa etapa en que el tabasqueño publicó el “Bando 2”, que fue el verdadero comienzo de la especulación inmobiliaria en la capital, como lo reconoció el tabasqueño en su campaña presidencial de 2006.

Esa intencionalidad política de Brugada, Batres y todo Morena de dañar a los adversarios electorales con lo de “cartel inmobiliario” salpicó y afectó a todo el sector de la construcción, porque atacaron sin distingos. Es una herida que no sanará fácil. Lo veremos.