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Columna San Luis Potosi

por Eduardo Delgado Torres
13-03-2022

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Otro paso importante para esclarecer la muerte de Karla


La atracción de la investigación sobre la causa real de la muerte de Karla del Carmen Pontigo Lucciotto, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), implica otro paso importante para el esclarecimiento de su deceso.


Y de paso, valga la redundancia, implica un revés para el “fiscal carnal gallardista”, José Luis Ruiz Contreras, quien aseveró que su intervención en el caso, como la de su hermano Julián, no significaba un conflicto de interés.


Como consuelo, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió ayer un boletín de prensa en un tono festivo: “Organismo de la ONU reconoce `avance significativo´ en la Fiscalía de SLP”.


Luego entonces no le habría incomodado que la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, haya atraído el caso de Karla. Además de que el titular se ganó el mote de “tortugertz”.


Mucho menos, si sabe que en los últimos diez años la FGR atrajo más de 300 casos por diversos hechos delictivos perpetrados en los estados y que de ellos menos del 5% culminaron con sentencia condenatoria.


“Tres de cada cuatro casos ni siquiera han llegado a manos de los jueces”, reportó el portal Animal Político en pieza informativa publicada en agosto del año anterior, derivada de una solicitud de información requerida a la FGR.


En cambio, para la familia, abogados y organizaciones que pugnan en demanda de justicia por Karla, entre estas Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, representa una importante posibilidad de acceder a la verdad histórica.


La resolución del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMITRA), Delfino Peralta Ortega, conlleva a investigar a un grupo de funcionarios de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, encabezada entonces por Miguel Ángel García Covarrubias.


Derivado de la recomendación 55/2015, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 30 de diciembre de 2015, ese organismo interpuso apenas el año pasado denuncia de hechos contra un grupo de ocho servidores públicos y “todas aquellas personas que resulten responsables” de la actuación “indebida o irregular” en las averiguaciones.


La muerte de la joven sucedió casi a mitad del sexenio del ex gobernador, Fernando Toranzo Fernández y luego del periodo sexenal del ex mandatario Juan Manuel Carreras López, sigue sin ser esclarecida la causa.


En octubre de este año se cumple una década de que la joven “chocó” contra una puerta de cristal, en el establecimiento donde trabajaba como edecán, que le produjo lesiones por las que perdió la vida.


En noviembre de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó esa versión y ordenó investigar el deceso bajo la perspectiva de género, dados los indicios de que habría sido víctima de feminicidio.


Atraído el caso por la FGR, cabe esperar que en los próximos meses se logre saber quién o quienes le privaron de la vida y se le o les lleve a la cárcel; igual a las y los responsables de las omisiones u anomalías en las averiguaciones que han perpetuado el caso durante casi una década.