Los demonios andan sueltos alrededor de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Son demonios políticos, futuristas, topos infiltrados en la administración y la seguridad pública. Parece que operan con estrategias cuidadosamente orquestadas para desviar la atención, generar incertidumbre y construir una narrativa de que la jefatura no tiene capacidad de prevenir riesgos, mitigar las amenazas y controlar los daños.
Entre las acusaciones y rumores que circulan, la figura de Clara Brugada se encuentra en el centro de una vorágine de intereses cruzados, donde todo huele a politiquería y crimen, pero, sobre todo, que dejan al descubierto que no existe una administración de riesgos en cuando menos diez frentes que siguen abiertos, dos de los cuales representan desafíos estructurales y de imagen pública del gobierno local y se convierten en piezas de un tablero político usado para medir fuerzas y la capacidad de respuesta de la jefa de Gobierno.
Por supuesto nos referimos al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz: Este crimen, ocurrido el 20 de mayo, no solo generó conmoción social, sino que también expuso fallos en la prevención y mitigación de riesgos por parte de las autoridades. Y, lo ocurrido este fin de semana, con el operativo militar y policial en el Multiforo Cultural Alicia: Este evento, caracterizado por la opacidad y la falta de explicaciones cuando menos verosímiles, planteó interrogantes sobre la relación entre las fuerzas de seguridad y los intereses políticos o delictivos que podrían estar detrás.
La dirección política de la Ciudad de México está en entredicho, los debates y tensiones parecen intensificarse, desatando cuestionamientos y conjeturas de actores políticos, de medios tradicionales y digitales, así como de formadores de opinión de todo tipo (Revista Proceso, las columnas de Carlos Ramírez, Raymundo Riva Palacio y Gerardo Esquivel, mesas de debate y análisis en Julio Astillero, por citar algunos).
La jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es considerada la posición política más relevante después de la Presidencia de la República. Por ello, las personas que ocupan este cargo se encuentran en el centro de una tormenta de intereses cruzados, con presiones locales, nacionales e incluso internacionales. En este contexto, figuras como Clara Brugada Molina han emergido como líderes con un perfil político fuerte y arraigado en bases sociales, lo que las convierte en protagonistas y, al mismo tiempo, en blanco de críticas y ataques políticos.
Más todavía; en el caso de Clara Brugada Molina, su figura se engrandece en un universo de políticos morenistas, en su gran mayoría, lejanos de una trayectoria, ideología y discurso auténtico de izquierda. No existe ni el gabinete ni en los legisladores y mucho menos gobernadores alguien con su perfil y su identidad con bases sociales dispuestas a movilizarse y a actuar en pro de su proyecto político.
¿Será esta condición la que estaría generando calenturas propias y ajenas porque no quieren que sea encartada en el 2030? ¿Qué intereses mueven la cuna: locales, nacionales o extranjeros? ¿O cuáles serían los motivos que quieren calar las capacidades del equipo político y de gobierno de Clara Brugada? ¿Serán fuerzas oscuras de la política operando con el crimen organizado, utilizando su capacidad de generar violencia e influir en las agendas políticas y mediáticas?
La intersección entre disputas políticas y el crimen organizado genera múltiples efectos negativos en la gobernabilidad de la Ciudad de México. Entre los impactos más significativos se encuentran: a) La deslegitimación de las instituciones: Los rumores y acusaciones sobre la incapacidad de prevenir riesgos y controlar daños erosionan la confianza pública en el gobierno; b) La polarización política, que se traduce en las tensiones y divisiones entre distintos actores políticos y sociales afines, lo que dificulta la construcción de consensos y la implementación de políticas efectivas; c) La sensación de inseguridad pública, alimentada por campañas sistemáticas sobre la presencia del crimen organizado, lo cual amplifica los riesgos para la población, complicando aún más la gestión de la seguridad.
Dicho esto, los objetivos parecen estar bien ubicados y, por tanto, se requiere responder con inmediatez, sensatez y mucha voluntad política para contenerlos, revertirlos y neutralizarlos, porque en este camino tendría que depurar su equipo, refuncionalizar los acuerdos políticos (y pago de cuotas) y tomar una acción política más efectiva con operadores políticos y mediáticos que compartan su visión e intereses de mediano y largo plazos.
Para enfrentar el problema en lo inmediato, si es que necesitara de una sugerencia, por supuesto una estrategia integral de gestión de riesgos (gobernabilidad, seguridad, protección civil, imagen pública) y forzando a un sistema de alertas tempranas, una agenda de riesgos interinstitucional, fortalecer la gestión preventiva en funcionarios clave del gobierno central, una revisión a los protocolos de colaboración entre las fuerzas de seguridad, protección civil y otros organismos gubernamentales tanto con la federación como entidades vecinas y, sin duda, una política de comunicación social efectiva, con capacidad de reacción inmediata, de respuestas claras y verificables y mucha consistencia política.
La gestión de riesgos es una de las tareas más críticas para cualquier administración gubernamental, especialmente en una metrópoli tan compleja y dinámica como la Ciudad de México, donde convergen todas las expresiones culturales, sociales, étnicas y políticas, y, lamentablemente también del crimen y de actores que gozan de actuar desde la oscuridad.
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