La migración en el mundo viene desde tiempos inmemoriales, ha sido una constante de los grupos humanos prácticamente desde el origen, independientemente de cuál sea la razón, sea económica, sociológica, cultural o teológica. 

Con la migración se han poblado territorios, para luego constituir estados o regiones de estados establecidos, conviviendo o exterminado a los pocos o muchos pobladores originarios. 

Desde la campaña y al inicio del presente gobierno de nuestro país, se ofreció un discurso de apertura, prácticamente de invitación a los migrantes, como país de tránsito hacia los EEUU o para quedarse, diciendo que habría oportunidades de empleo. La respuesta no se hizo esperar, grandes caravanas y oleadas de migrantes, principalmente de Centroamérica y del Caribe, pero también de algunos países de Sudamérica y hasta de África, se han presentado en el territorio nacional. 

Sin embargo, parte de la realidad es que han sido múltiples y lamentables los hechos trágicos de migrantes que han muerto, secuestrado o extorsionado en su paso, a manos de la delincuencia dedicada al secuestro y tráfico de personas.  

El problema se complicó aún más, cuando el gobierno de los EEUU encabezado por Donald Trump, amenazo con duras medidas arancelarias a productos mexicanos que se exportan a ese país, si el gobierno de México no ponía barreras a esos migrantes en busca del “sueño americano”. Además de obligar a mantenerlos en nuestro país, hasta en tanto se resuelven sus respectivas solicitudes de asilo o ayuda humanitaria. 

La política migratoria original tuvo que cambiar drásticamente, convirtiendo a buena parte de la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración (INM), como una especie de policía antiinmigrante, para intentar detener esas oleadas humanas. Se aceptaron esas funciones, sin tener las condiciones económicas, materiales e instrumentales para cumplirlas satisfactoriamente, principalmente para los migrantes.  

Las consecuencias están siendo evidentes de muchas formas, destacadamente con la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron quemados 40 migrantes y heridos cerca de treinta más, en lo que era propiamente una cárcel, la cual no se abrió para que huyeran del incendio. 

La crisis migratoria iniciada en 2020 y 2021, no solo no se atendió y resolvió, sino que se fue agravando paulatinamente hasta llegar a la circunstancia en la que nos encontramos. El enorme riesgo que representa para los migrantes cruzar el territorio nacional para llegar a los EEUU, por el acecho de la delincuencia organizada y común, además de algunos funcionarios públicos, buscando extorsionarlos, a ellos y a sus familias en sus lugares de origen, se agrega que ahora fue en una instalación del gobierno federal, bajo su resguardo, donde cuatro decenas pierden la vida y otros más la debaten en algún hospital. 

Por esos hechos se ha detenido a cuatro custodios y un migrante, acusados de negligencia criminal y de haber iniciado el incendio, respectivamente; pero de funcionarios, de medio y alto nivel, no se ha dicho nada, ni siquiera que alguno este siendo investigado. 

En la medida que pasan los días aparecen datos, testimonios y versiones de esa trágica estación migratoria, de que era un centro de corrupción y extorsión, con la amenaza de la deportación, estando a unos metros de la tan anhelada frontera de los EEUU. 

El gobierno no ha hecho ningún anuncio oficial, solo la aparición de un “vocero”, el sacerdote católico Alejandro Solalinde, conocido por haber fundado la casa de atención a migrantes “Hermanos en el camino”, muy cercano al gobierno federal, quien declaro la desaparición del INM y la creación de un Consejo de asuntos migratorios y de extranjería, el cual, aparentemente, él mismo encabezará. De entrada, es extraño, porque el sacerdote Solalinde no es funcionario público y para serlo tendrá que resolver incompatibilidades con el artículo 130 constitucional y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, además de disposiciones del Derecho Canónico. 

Un hecho como el de Cd. Juárez no se puede minimizar ni hacer como que no paso nada; sin duda tendrá consecuencias de toda índole, penales, civiles, administrativas y políticas, tal vez no en el corto plazo, pero no pasará desapercibido para la próxima administración, independientemente de cuál sea el signo partidario que la encabece.   

Por lo pronto el acontecimiento amerita atención inmediata, porque además de afrontar el grave problema migratorio, convertido en una severa crisis para el gobierno federal y en su caso, de los gobiernos estatales y municipales involucrados, sino también por las consecuencias internacionales, donde se involucran los países de origen de los migrantes fallecidos, además de los EEUU, que no puede obviar su responsabilidad, por las presiones que sigue ejerciendo contra México, por las medidas impuestas sin el apoyo suficiente y necesario, y al ser el destino final que buscan la inmensa mayoría de los migrantes. 

Es obvio y notorio que los migrantes están huyendo del desempleo, la miseria, la inseguridad, la violencia y la injusticia que viven en sus países, sin que se adviertan políticas internas de estos para retenerlos, como tampoco aquí para atender adecuadamente esa problemática en su paso por el territorio nacional y ante la posibilidad de que muchos de ellos se quedaran por acá.  

La presión internacional, de Estados, Organismos globales y regionales internacionales y organizaciones de la sociedad civil ya está presente y se dejara sentir con mayor fuerza en los próximos días, semanas y meses, no solo con condenas, sino hasta eventuales sanciones. Esperamos que haya respuestas prontas, suficientes y eficientes, los problemas y la crisis migratoria las demandan urgentemente.