Danielle Thornton estaba en la fila afuera del colegio esperando a sus hijos cuando supo que se enfrentaría a una decisión que le alteraría la vida: o ponerse la vacuna de la covid-19 o perder su trabajo de casi nueve años en el Citigroup.
Ella y su esposo vieron durante meses cómo jefes alrededor de Estados Unidos implementaban mandatos de vacunas, sabiendo que su familia podría enfrentar este momento. Entonces, la noticia le llegó a través de un correo electrónico a su teléfono.
"Tuvimos muchas conversaciones sobre el tema", dice. "Pero al final decidimos que nuestra libertad era más importante que una nómina".
Danielle es una de las miles de personas alrededor de EE.UU. que han optado por perder su trabajo en vez de recibir las vacunas contra la covid.
Representan una pequeña minoría. Muchos de los empleadores que han introducido tales reglas -aproximadamente un tercio de las compañías más grandes del país y 15% de pequeños negocios- dicen que la gran mayoría de sus empleados han cumplido.
En Citi, empresa que permite excepciones médicas y religiosas, más del 99% de los empleados ha cumplido con los requerimientos que aplican para la plantilla de más de 65.000 trabajadores que tiene el banco en EE.UU.
Los expertos aseguran que las vacunas son seguras y que son la mejor manera para prevenir una infección grave. Pero los mandatos -vistos como factor clave a la hora de impulsar al 25% de los estadounidenses que aún no se han vacunado para que se inoculen- enfrentan una fuerte resistencia alrededor del país, donde las personas los ven como una afrenta a amados ideales nacionales como la libertad personal y la privacidad.
Este mes, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó una orden del presidente Joe Biden que hubiera requerido que los estadounidenses en sitios de trabajo con al menos 100 personas se vacunaran o que usaran máscara y se hicieran exámenes semanales, todo pago por ellos.
Los jueces en la máxima corte del país se refirieron a la regulación como una "invasión significativa" en las vidas de millones de trabajadores, y eliminaron las posibilidades de implementar reglas nacionales como aquellas planeadas por países como Alemania.
Aunque las cortes estadounidenses han estado más abiertas a aceptar que los estados y los negocios introduzcan requerimientos propios, el rechazo popular se mantiene alto.
