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Crecen 69% con respecto al año anterior, las llamadas de auxilio a las líneas de RNN

por RedaccionRS
21-04-2021

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De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, enfrentamos una pandemia histórica que el Estado se niega a reconocer y atender de la perspectiva de género y los derechos humanos: Las violencias contra las mujeres y las niñas. Al igual que durante el 2020, en los primeros tres meses del 2021 la Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) brindó acompañamiento, atención integral y protección especializada a 10,208 personas, de ellas a 6,596 mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencias a través de los Refugios y sus Centros de Atención Externa, Casas de Transición y de Emergencia integrantes de la RNR y 3,612 mediante las líneas telefónicas y redes sociales.

Las entidades que reportaron mayores índices de solicitudes de apoyo de mujeres víctimas de violencia fueron la Ciudad de México (25.30%), Estado de México (24.92%) y Puebla (4.10%), dicho fenómeno puede atribuirse a que en gran mayoría las mujeres de la Zona Metropolitana tienen mayor acceso a redes sociales, líneas telefónicas, servicios de internet, aunado a que en diversas localidades del país las violencias familiares siguen normalizadas y justificadas por autoridades y las comunidades, limitando el acceso a pedir apoyo o denunciar.

A 12 meses que apareció la COVID-19 en el país, las acciones del Gobierno de México para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres e infancias han sido precarias y desarticuladas. De enero a marzo del presente año se han comunicado 40 mujeres diariamente para pedir apoyo ante situaciones de violencias que ponen en peligro su vida. El 61% de las mujeres que se comunicaron a la RNR sufrieron violencia psicológica, el 39.25% física, 15% sexual y 13.17% manifestaron sufrir todos los tipos de agresiones.

Tan sólo en el mes de marzo 5 de cada 100 mujeres reportaron haber sufrido intentos de feminicidio. En el 90% de los casos el agresor de las mujeres fueron sus parejas, esposos o exparejas, incluso el 28% de ellos contaban con antecedentes penales por delitos como secuestro, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, entre otros.