La aportación promedio que ha hecho cada contribuyente al erario público ha disminuido de manera consecutiva desde el 2017, de acuerdo con el análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Tercera Entrega del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública del 2020.

La “Evaluación de la Política Pública del Sistema Tributario Mexicano”, elaborada por la ASF, detalló que en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2020 la aportación promedio del contribuyente ha sufrido una caída de 26% pese al incremento en el padrón de contribuyentes y, desde el 2017, ha mostrado caídas consecutivas.

“Entre el 2010 y el 2020, el número de contribuyentes activos creció 138.3% al pasar de 33.4 millones a 79.7 millones de contribuyentes, mientras que los ingresos tributarios se incrementaron en 74.1%”, señaló la auditoría, quien destacó el constante problema de México de incrementar su recaudación de impuestos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).

Del 2017 al 2020 el padrón de contribuyentes aumentó 23.3% al pasar de 64.6 millones a 79.7 millones de contribuyentes. En tanto, en el 2016 cada causante aportó al SAT alrededor de 37,714 pesos anuales, monto que disminuyó a 32,550 en el 2017.

Para el 2020, año caracterizado por la pandemia del Covid-19, el monto aportado por cada contribuyente activo, en promedio, fue de 27,517 pesos, es decir, disminuyó 27% en cuatro años.

“Si bien el número de contribuyentes y los ingresos se han incrementado, la aportación promedio por contribuyente activo se redujo 10,142.7 pesos en el periodo del 2010 al 2020. Los resultados indican que más contribuyentes es una condición necesaria pero no suficiente para  lograr una recaudación óptima, lo que puede ser  tomado en cuenta por los responsables del diseño e implementación de la política tributaria, debido a que estos resultados también pueden estar asociados con actos de evasión y elusión  fiscal”, destacó la ASF.

En este sentido, la ASF explicó que existe un área de oportunidad tanto para el SAT como para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para realizar estudios que permitan perfeccionar las leyes fiscales, reducir vacíos normativos, validar la vigencia de las renuncias recaudatorias e, incluso, revisar los procedimientos internos del fisco.