Son farmacias de barrio, hoteles que no pertenecen a las grandes cadenas, fábricas pequeñas y medianas que no tienen el soporte financiero de los bancos, carnicerías y pescaderías al borde de la quiebra, así como miles de trabajadores autónomos que van subsistiendo a duras penas. Son la cara de la desesperación que ha generado la crisis energética que sufre España desde hace algo más de un año y medio y que se ha agudizado a raíz de la guerra en Ucrania. Y ahora, en mitad del desastre y el caos se han sumado al descontento social la protesta de los camioneros que provoca el desabastecimiento de productos básicos en algunas regiones; por ejemplo, en ciudades de la importancia de Sevilla y Córdoba, la mayoría de las pescaderías y carnicerías no pudieron abrir al no tener nada que vender. Lo mismo ocurre en muchos supermercados, en los que empieza a haber carencia de productos básicos como leche, aceite, arroz y harina.

El precio de la luz en España llegó hace sólo dos semanas a más de 500 euros el megavatio hora (MWh) y en algunos tramos horarios, los de más uso, alcanzó 700 euros. Son cifras que pone contra las cuerdas a buena parte de la industria, el comercio pequeño y mediano del país, que no es capaz de aguantar un incremento de más de 700 por ciento respecto de lo que se pagaba hace menos de dos años y cuyas consecuencias, ya devastadoras, no se han mitigado con las medidas aprobadas hasta ahora por el gobierno de coalición del socialista Pedro Sánchez, apoyado por su partido, el PSOE, y por la coalición de Unidas Podemos (UP).

Si el precio de la luz estaba sin control desde hace más de un año y medio, ahora, con la guerra en Ucrania, la situación empeora sensiblemente; la tarifa eléctrica se dispara, los hidrocarburos están por las nubes, la inflación supera 7.5 por ciento (el peor registro en tres décadas) y el temor a un recrudecimiento del conflicto genera más incertidumbre a inversionistas, en el mercado financiero y el consumo.

El presidente español, Pedro Sánchez, intenta ganar tiempo con una gira relámpago por varios países europeos para intentar convencerlos de adoptar medidas en común para paliar la crisis energética, que pretende resolver en el consejo de los altos representantes de la Unión Europea (UE) del próximo 29 de marzo para fijar un tope máximo del precio de la electricidad, que sería de 180 euros el MWh, una cifra impensable hace sólo unos meses. Pero la mayoría de los países, como Alemania, Francia, Italia y Polonia, ya han adoptado por su cuenta medidas para aliviar la grave situación que se vive en su tejido productivo, como subvenciones temporales para asumir el alto costo de los hidrocarburos o una intervención directa en el mercado energético.