Cierto es que las medidas anunciadas por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, consistentes en aumentar los vuelos desde Estados Unidos hacia Cuba, relajar las restricciones sobre los viajeros estadunidenses a la isla, levantar las limitaciones impuestas por el expresidente Donald Trump a las remesas que los inmigrantes pueden enviar hacia la isla caribeña, no modifican el sexagenario bloqueo económico y comercial de Washington a La Habana.

También es cierto, como lo reconoció el canciller cubano, Bruno Rodríguez, que se trata “de un paso limitado en la dirección correcta y no modifican en absoluto el bloqueo dispuesto por Washington” hace más de 60 años.

Los absolutos no existen y menos en el campo de las ciencias sociales y todavía menos en la política internacional y la geopolítica (“Estudio de la vida e historia de los pueblos en relación con el territorio geográfico que ocupan y los factores económicos y raciales que los caracterizan”).

Sin embargo, en el contexto en que se anuncian las medidas estadunidenses, en particular la agudización de las tensiones entre Washington, Bruselas (sede de la OTAN y de la Unión Europea) con la Federación de Rusia, no es pertinente subvalorarlas aun cuando permanezca intocado el andamiaje de seis décadas de bloqueo, que cada año condena la abrumadora mayoría de los integrantes de la Asamblea General de la ONU, y la Casa Blanca ignoraba con la excepción del presidente Barack Obama, cuando Joseph Biden fue vicepresidente.

Otro elemento insoslayable de contexto, en este caso latinoamericano y caribeño, es la oleada de pronunciamiento para que ningún país sea excluido de la Cumbre de las Américas, a realizarse en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio y que, de acuerdo al gobierno anfitrión, debe excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La firme y a la vez cuidadosa decisión del presidente Andrés Manuel de no asistir personalmente el próximo mes a la ciudad donde viven y trabajan el mayor número de paisanos después de la Ciudad de México, suscita la simpatía o el respaldo de los gobiernos de Bolivia, Argentina, Honduras, Chile y los 15 integrantes de la Comunidad del Caribe.

La iniciativa de los gobiernos para trabajar para que ningún país de las Américas sea excluido de la IX Cumbre, es un claro pronunciamiento en contra de las sexagenarias políticas anticubanas contra el gobierno y la sociedad, pues ésta es la que paga los platos rotos de lo que García Márquez, don Gabo, bautizó como genocidio.

Lo expuso con toda claridad el embajador Ken Salazar –el señor del infaltable sombrero quien se mueve en los círculos del poder institucional y también de los fácticos, como Pedro por su casa: “de parte de Estados Unidos es muy importante que México y su presidente participen”. Se requiere, explicó, que México esté ahí con su liderazgo. Los presidentes Biden y López Obrador se tienen mucho respeto. “Ven el mundo con una alianza entre Estados Unidos y México. Es una unión muy fuerte y como hay mucho respeto entre ambos, espero que lleguemos a buen lugar”.

Sabedor de las necesidades latinoamericanas y las del imperio de las barras y las estrellas, AMLO como estadista que es aunque sus ridículos detractores lo llaman “provinciano”, aprovecha la coyuntura para que la diversidad política e ideológica gubernamentales, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos avancen en el continente a pesar de que los intelectuales orgánicos en estos días dictan cátedra de genuflexión.