Son días de la consumación formal de la impunidad de que goza y disfrutará por lo menos hasta septiembre de 2024 Enrique Peña Nieto, cuando concluya el gobierno del presidente Andrés Manuel. También habrá motivos para que los intelectuales orgánicos con Jorge German Castañeda al frente, me refiero al distinguido empleado de Televisa, actualicen su tesis sobre el presunto pacto de impunidad suscrito entre el primero y el segundo.
Resulta que por resolución del tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, la investigación acerca de la llamada casa blanca, que involucró a Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera, la actriz de telenovelas de Televisa –no olvidar que fue el sexenio del consorcio de Emilio Azcárraga III– y a la empresa Higa –de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los empresarios favoritos de EPN–, concluyó con sanciones a los exfuncionarios identificados como responsables de la desaparición del expediente en el que constarían las pruebas de los actos ilícitos, con un castigo en el cual los indiciados únicamente deberán realizar acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original y dejado en su lugar una copia de la versión pública con todos los datos importantes testados (tachados o borrados).
Con “acciones de servicio social” y “una disculpa pública” terminará uno de los mayores escándalos mediáticos del sexenio (2012-18) de Mover a México (en reversa, diría una distinguida priista de Coyoacán, sólo que referido al “cambio” del panista Vicente Fox, el Alto Vacío). Escándalo que “marcó un antes y un después”, de acuerdo a la socorrida fórmula de los analistas que coleccionan títulos de todo tipo. Finalmente el exdirector de periódico La República, de la dirigencia del Revolucionario Institucional, tenía razón cuando me explicó que la casa blanca era pecatta minuta (falta leve) frente a los atracos al erario y la nación que acostumbraban los prohombres de su partido, el tricolor, en el poder, entre los que Peña Nieto se distinguió como muy pocos, sólo comparable con los harto corruptos presidentes Miguel Alemán Valdés y Carlos Salinas de Gortari.
El hecho jurídico irrebatible es que para efectos prácticos Peña Nieto y socios gozarán de cabal impunidad en demérito de la ansiada justicia, o Estado de derecho, que no de derecha porque no es sinónimo. Nuevamente la impunidad se impone y a la luz del día.
Dicen que no hay noticias buenas y malas para los impunes que lleguen solas, pues el sobrino que se formó a la sombra del gobernador del estado de México Arturo Montiel Rojas –otro corrupto de altos vuelos que juraba y perjuraba que “Las ratas no tienen derechos humanos” (Carlos Alazraki)–, cuenta ahora también con un chalet de lujo en la muy exclusiva zona para millonarios de Valdelagua, de Madrid, España, y también dispone de la golden visa.
Allí, Enrique Peña, el muy generoso amigo de la élite del periodismo mexicano, podrá disfrutar a sus anchas porque Valdelagua se distingue por sus férreas medidas de seguridad y unas instalaciones pensadas para millonarios, como campos de golf y restaurantes de postín. Según el periódico español El País, el exmandatario vive así desde octubre de 2020, aunque Peña lo negó, cuando consiguió lo que se conoce como la visa de oro, que se otorga después de que cualquier ciudadano extranjero invierte al menos medio millón de euros (11 millones de pesos) en un negocio o compra de una vivienda superior al millón de euros (22 millones de pesos).
