Están patrocinados por Estados Unidos los “seudoambientalistas” que se oponen a la construcción del Tren Maya y obstaculizan con amparos el tramo 5 que va de Cancún a Tulum, Quintana Roo, una zona de altísima plusvalía y de grandes inversiones privadas, mexicanas y extranjeras.

La afirmación inicial no es del redactor, sino del presidente Andrés Manuel y se produjo a pregunta expresa de colegas en los siguientes términos en la mañanera del lunes 25: Se recurre a ese procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional, porque está interviniendo un gobierno extranjero; porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, dinero del pueblo; porque es una obra prioritaria; porque se están aplicando tácticas dilatorias y porque no hay justicia expedita.

Más todavía, cuando se le preguntó a qué gobierno del exterior se refería, contestó sin dudar: Estados Unidos.

Cuidadoso como es López Obrador con el gobierno de Joseph Biden al punto de presentarlo con frecuencia como “un hombre bueno”, como antes lo fue con el troglodita Donald Trump, del que decía y aún afirma que siempre fue “respetuoso de la soberanía nacional” mexicana, resulta inconcebible que AMLO es víctima de un arrebato o forma parte de una estratagema para las consultas y negociaciones sobre el diferendo energético con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

Cierto es que un día antes llegaron a Nayarit los primeros médicos de Cuba, de un total de 500 contratados por la Secretaría de Salud, y un día después el cantautor Amaury Pérez compareció en el diálogo circular para interpretar tres canciones, invitado por López Obrador. Y que por la tarde ofreció un concierto en el helipuerto de Los Pinos –la residencia presidencial desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña–,  para conmemorar el aniversario del 26 de julio de 1953, que “echó a andar la Revolución cubana” (Prensa Latina), con los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, ubicados en el oriente de Cuba.

No parecen existir vínculos entre los sucesos mencionados y evidenciar que el gobierno de Estados Unidos “está detrás” de los seudoambientalistas, en este caso sin comillas: el magnate Claudio Xicoténcatl González, jefe de la oposición empresarial y electoral contra Obrador; José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte, exhibido por su participación como impulsor de campañas promotoras de amparos judiciales, y María Amparo Casar, directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, jefa de asesores de Santiago Creel con Vicente Fox como presidente y defensora a ultranza del “triunfo” electoral de Felipe Calderón, el “Haiga sido como haiga sido” de 2012. Como tampoco son ambientalistas González, Cossío y Casar sino políticos profesionales camuflados en la sociedad civil por el gran capital y Washington, aunque para Sergio Aguayo “no existe evidencia”.

Certera o no la opinión y denuncia presidenciales, cierto es que MCCCI recibe billetes verdes por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, mejor conocida por sus siglas en inglés USAID, con el desacuerdo reiterado de Palacio Nacional y la solicitud expresa dirigida a Joseph Biden para que cese esa acción intervencionista de la Casa Blanca, pues no de otra manera puede denominarse el financiamiento a un grupo opositor al gobierno de AMLO, electo por 30.1 millones de electores y que al día de hoy cuenta con el respaldo del 70 por ciento de la ciudadanía.