Santiago López Acosta

Este año conmemoramos 200 años de vida independiente, el próximo 27 de septiembre, por cierto, fecha excluida del calendario cívico, y durante este trayecto hemos tenido muchas revueltas y revoluciones, casi todas disputando el poder político, y por ende gobiernos típicamente autoritarios y hasta dictatoriales, de tal manera que la mayor parte de nuestra historia ha tenido ese sello. Nuestras instituciones, prácticas y cultura democrática son de muy reciente cuño y, por ende, con escasa tradición y consolidación.

La construcción democrática en nuestro país apenas pasa de unas cuantas décadas recientes, y con no pocos problemas, que con dificultad se han ido sorteando.

Las tres alternancias en la presidencia de la República y en la diversa composición de las cámaras del Congreso de la Unión, así como en los poderes estatales y municipales se había convertido en una normalidad democrática de los años recientes. Certeza en los procedimientos electorales e incertidumbre en los resultados, han sido hasta el momento una constante de nuestra realidad política.

Sin embargo, después del 2018, donde hubo resultados contundentes e inobjetables que nadie cuestionó, desde el nuevo gobierno federal se empezó a señalar todo lo edificado previamente, con argumentos fundamentalmente ideológicos, y en muchos casos sin sustentos racionales y lógicos, generando enormes pérdidas de todo tipo.

Se han puesto en entredicho instituciones que no responden a los intereses del grupo en el poder y que evidentemente les estorban para sus propósitos, como es el caso de los organismos electorales, aun y cuando con la actuación de éstos llegaron a donde están.

En la clase política no se ha podido conformar la cultura del respeto a los adversarios y reconocer a los ganadores de una contienda electoral, cuando no son ellos mismos; sería mucho pedir que además los feliciten, algo que ocurrió por excepción, con los candidatos presidenciales que no lograron la mayoría en 2018. El escenario que desde el poder presidencial y su partido reconozcan los resultados, aun y cuando les puedan resultar adversos, se ve poco probable; más bien, tal parece que ya se empezó a extender el discurso del fraude electoral, como cuando estaban en la oposición; si eso ocurre la noche de la elección y los días subsecuentes sería una mala noticia para nuestra frágil democracia electoral.

Pero en el actual proceso electoral nos enfrentamos a una amenaza mucho mayor, como lo es la casi generalización de la violencia de todo tipo en la mayoría de las regiones del país. Las estrategias gubernamentales para enfrentar la inseguridad han sido un fracaso y las incidencias en la materia se han incrementado exponencialmente; y los actores políticos y electorales no se han escapado de la vorágine de la violencia. Se han registrado cerca de 600 hechos delictivos en contra de candidatos, políticos o funcionarios, cerca de 90 asesinatos políticos, dentro de los cuales, entre 13 y 32, según la fuente, eran candidatos a cargos de elección popular. La delincuencia definiendo quién puede o no ser candidato, y muy probablemente quién llegue al cargo, principalmente en los ámbitos municipales; sin contar, porque es muy difícil saberlo, los que están coludidos o de plano son parte de esos grupos delictivos y que llegarán a cargos políticos.

Con razón se ha calificado este proceso electoral como el más violento de la historia, y esa en mi opinión, es la más grave amenaza a nuestra incipiente y joven democracia. Que un alto mando del ejército norteamericano y el más reciente exembajador de los Estados Unidos de América hayan declarado que casi dos tercios del territorio nacional está controlado por la delincuencia organizada y que el gobierno federal y los demás órdenes de poder no hacen lo suficiente para evitarlo es gravísimo, y nos estamos dando cuenta que desgraciadamente es verdad.

Es penoso que ante este dantesco panorama la clase política mejor se encuentra enfrascada en confrontaciones políticas con evidentes tintes electorales, la intromisión abierta de quien debe en el proceso electoral, acusaciones de compra de votos sin el sustento suficiente, el periplo del fuero y la supuesta orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, que se va a judicializar la elección, las presiones hacia los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás etcéteras. Muchos frentes de división y ni una pizca de búsqueda de unidad.

Tal parece que no se dan cuenta que el país con sus débiles instituciones se nos está deshaciendo entre las manos, o peor aún, no parece importarles. Llámese como se quiera, estado fallido, narcoestado, regresión al autoritarismo, pero el caso, a final de cuentas, es que los saldos no son favorables para mantener la estabilidad y la gobernabilidad democrática.

En las próximas elecciones no solo se están disputando más de 20 mil cargos de elección popular, sino la viabilidad democrática del estado y sus instituciones, que no es asunto nada menor.

El panorama no es nada halagüeño, pero cada uno debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde, los ciudadanos salir a votar el próximo 6 de junio con libertad, responsabilidad y sin miedo, los funcionarios electorales a generar las condiciones para que se exprese libremente la voluntad popular, los partidos políticos y candidatos a coadyuvar en la vigilancia de la elección a través de sus representantes generales y en las casillas, y los gobernantes a garantizarnos, en la medida que puedan, la seguridad y la tranquilidad para un clima de respeto y tolerancia. ¿Es mucho pedir?