Mientras los partidos opositores le hacían el juego al presidente López Obrador al ensuciar, con su presencia oportunista, la convocatoria de movilización en defensa del Instituto Nacional Electoral del 13 de noviembre, que debía ser completamente ciudadana, el verdadero instrumento para someter y hacer fracasar al órgano electoral se abría paso, a la vista de todos, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023.
Involucrar, o permitir a los partidos involucrarse en la movilización en defensa del INE, solo ayudó a López Obrador a tener más argumentos, falaces pero argumentos al fin, para descalificar la manifestación y arreciar su andanada contra el órgano electoral. Además, el agandalle de los partidos de una movilización que debía ser ciudadana para quedar blindada contra la diatriba presidencial, distrajo a la opinión pública del verdadero plan del presidente: llevar al INE a una crisis operativa por la vía de la insuficiencia presupuestal y forzarlo, por incapacidad material, a incumplir con sus obligaciones legales y constitucionales.
Hoy la reforma, que centró la atención de todos, parece un enorme distractor ante el verdadero problema: la escandalosa reducción presupuestal a un órgano constitucional autónomo, con el objetivo evidente de descarrilarlo. Si no se pudo lograr a base de insultos y descalificaciones, llegó el momento de quitarle los dientes y la eficacia a través de la asfixia presupuestal, ya declarada inconstitucional pero de cualquier forma vigente.
Al hablar de la Corte y el evidente embate contra las instituciones electorales, es inevitable preguntarse qué hace el Tribunal Constitucional para salvaguardar la democracia mexicana. La respuesta es lamentable: hace muy poco o de plano no hace nada de fondo.
En 2021, cuando se discutió y se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, la opinión pública se escandalizó por la reducción de 4,913 millones de pesos al presupuesto solicitado por el INE, a pesar de que había una consulta sobre revocación de mandato que debía organizarse de acuerdo a los estándares de cualquier elección constitucional. El órgano electoral promovió una controversia ante la Suprema Corte de Justicia para que esta ordenara a la Cámara de Diputados la restitución del presupuesto recortado, pues simplemente no había argumento para negarle los recursos al arbitro electoral. Al mismo tiempo, el INE inició la organización de una consulta de revocación, con menos casillas instaladas de las que la ley ordena, para evitar la acusación de abandono de sus responsabilidades, que ya se proyectaba desde el Ejecutivo, para aumentar el desgaste político del instituto.
La Controversia avanzó a la par que el ejercicio light de revocación de mandato, pues como ocurre constantemente en el sistema de justicia mexicano, la sentencia llegó tarde y con alcance insuficiente; cuando los actos estaban consumados y además, sin un mandato expreso y contundente de reparación.
La Corte determinó el 30 de mayo, cinco meses después de iniciado el ejercicio presupuestal 2022, cuando la consulta de revocación de mandato ya se había celebrado y la campaña de desprestigio al INE ya surtía sus efectos en la opinión pública, que el recorte presupuestal para 2022 no estaba ni fundado ni motivado y violaba la autonomía del órgano electoral. Sin embargo, en su resolución le dio 30 días a los diputados para reiterar su negativa de otorgar más presupuesto al INE, pero esta vez con fundamentación y motivación.
Así, con una resolución tibia y pobre, la Corte demostró que tiene más convicción para emitir opiniones sobre los llamativos y lamentables casos de feminicidio, un trabajo de Fiscalía y no de Tribunal Constitucional, o para evitar que se instalen Nacimientos Navideños en espacios públicos, en defensa del Estado Laico, un trabajo de presidencias municipales o alcaldías, que para defender el respeto a la Constitución en los grandes asuntos, así como los derechos políticos, derechos humanos también, de los ciudadanos.
La Corte ya dejó ver que la Controversia Constitucional no es una vía efectiva para defender la autonomía de los órganos constitucionales y menos aún para proteger su independencia y su permanencia. Con su insuficiente criterio ha dejado la puerta abierta para que los diputados, por la vía de la guadaña presupuestal, asfixien cada vez más, hasta aniquilar, los contrapesos institucionales que se construyeron para equilibrar el poder presidencial. Lo más grave es que la Corte no solo se ha plegado a la estrategia de sometimiento o destrucción institucional puesta en marcha desde el Poder Ejecutivo, también ha renunciado a su responsabilidad de hacer valer la Constitución y evitar el abuso de poder.
Con la pobreza de su solución al caso en 2022, la Corte ya marcó el camino que seguirá el nuevo recorte impuesto al INE para 2023. Así, hoy que la democracia mexicana enfrenta la mayor amenaza institucional de los últimos 30 años, el máximo tribunal ha decidido renunciar a su función de defensor de la Constitución para, en su lugar, allanarse a los deseos de quien ostenta el poder, mientras los ministros se lavan la cara emitiendo opiniones sobre asuntos que pueden ser llamativos, pero no son los que deberían ocupar el tiempo y los recursos del Tribunal Constitucional; menos aún en un momento como el que se vive en México.
