Mientras realizaba diversos trabajos de investigación vinculados con el desempeño de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y su titular, Carlos Zamarripa Aguirre, el equipo del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato registró intromisiones en sus comunicaciones privadas que podrían provenir de áreas de esta dependencia.

Los indicios cobraron forma gracias a información recibida de fuentes externas, una identificada como trabajador de la propia FGE y otra un empresario dedicado al ramo de la seguridad a nivel nacional.

De acuerdo a los elementos proporcionados, la mensajería de Telegram del editor de POPLab, Arnoldo Cuéllar, habría sido intervenida en al menos dos momentos, primeramente en el año de 2019 y después en mayo de 2020, cuando se suscitó una interrupción del servicio de telefonía celular de su número privado que provino de un intento logrado de clonación realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, mediante la denuncia de robo de ese mismo número y la presunta presentación de una copia del INE del periodista.

De la primera intromisión, una cuenta anónima en Twitter con aparente acceso a información al interior de la FGE, proporcionó a una reportera de POPLab copias de capturas de pantalla de diversos chats de Arnoldo Cuéllar con fuentes e integrantes de la redacción de ese medio, advirtiendo que la intervención estaba ordenada por el director de la Agencia de Investigación Criminal de la FGE, José Antonio Torres Ramírez.

La segunda intervención consistió en una clonación de la tarjeta SIM del teléfono de Arnoldo Cuéllar ocurrida en mayo del 2020 cuando su servicio sufrió una desconexión de varios días la cual fue explicada en el Centro de Atención Telefónica de Telcel por una presunta denuncia de robo realizada en una sucursal de esa empresa de telecomunicaciones en Monterrey, Nuevo León, donde el periodista no había estado en años.

El alcance de esa clonación pudo ser conocido gracias a otra víctima de intervención ilegal desde el mismo número IMEI, quien dispone herramientas técnicas para analizar la actividad y que se puso en contacto con el periodista Arnoldo Cuéllar en septiembre de 2020.

El afectado por estos hechos realizó una denuncia como directivo de la empresa SYM Servicios Integrales, S. A. de C. V., ante la Fiscalía General de la República, directamente a la Unidad de Documentación y Análisis de la oficina del Fiscal General de la República.

Tras analizarlo con sus asesores jurídicos, Cuéllar y sus compañeros del Laboratorio de Periodismo acordaron presentar a su vez una denuncia ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en su oficina de Guanajuato, uniendo ambos hechos: las filtraciones anónimas presuntamente desde el interior de la FGE y las indagaciones realizadas por la empresa SYM Servicios Integrales, para presentar una relación de hechos presuntamente constitutivos del delito de intervención en comunicaciones sin mandato de la autoridad, como lo señala Código Penal Federal:

Artículo 177.- A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

La denuncia fue recibida el viernes 2 de julio por el agente de turno de la delegación Guanajuato de la FGR, José Alberto Peralta Correa, quien se comprometió vía telefónica a informar en 24 horas sobre el destino del asunto. Sin embargo, transcurridas 48 horas sin noticias, el representante legal del periodista Arnoldo Cuéllar, el abogado José Roberto Saucedo Pimentel, se comunicó a la delegación con la oficial ministerial Rosa Martha Ortega, quien informó de forma verbal que la denuncia había sido turnada a la Fiscalía del Estado, en las agencias de la ciudad de Guanajuato, por “no ser competencia federal”.

Hasta este día, lunes 12 de julio, la FGR no ha notificado sus razones para declinar la competencia, mientras que la FGE tampoco ha notificado de forma oficial la recepción de la denuncia, advirtiéndose una flagrante violación al derecho humano de acceso a la justicia.

No parece haber ninguna confusión en la adscripción del delito, que es claramente de naturaleza federal. Por otra parte, la intervención a las comunicaciones del periodista Arnoldo Cuéllar parece estar relacionada de forma directa con las investigaciones realizadas por el equipo editorial de POPLab sobre el desempeño del fiscal Carlos Zamarripa y el fracaso de sus políticas de persecución al delito, así como la alta impunidad que han conducido a Guanajuato a convertirse en el estado con el mayor número de homicidios dolosos, masacres y atrocidades criminales durante los últimos tres años, por lo que puede considerarse una afectación al libre ejercicio del periodismo y un intento de inhibición de investigaciones independientes sobre el mayor problema que padece la entidad.

La declinación de la competencia para investigar estos hechos por parte de la Fiscalía General de la República, a través de su delegación regional a cargo de David Carmona Álvarez, parece inscribirse en un esquema de complicidad institucional entre dos instancias de procuración de justicia, lo que crea un vacío en el acceso a la justicia en la entidad.

Turnar la investigación de posibles delitos a la Fiscalía del Estado a cargo de Carlos Zamarripa, la misma institución que parece estar detrás de ellos o al menos haberlos solapado, no solo es inconsecuente, sino que abre un riesgo cierto para el denunciante y para el medio del que forma parte.

Por lo demás, la Fiscalía del Estado ya ha mostrado su falta de voluntad para investigar otros presuntos delitos contra el trabajo periodístico, como ocurre con el hostigamiento desde cuentas anónimas en redes sociales contra comunicadores cuyo trabajo es incómodo al gobierno local.

La denuncia por los claros indicios de espionaje continuará por otras vías ante la cerrazón de la delegación estatal de la FGR, primero a través de una queja a la fiscalía de asuntos internos y también apelando a un tutela de derechos ante un juez federal, a fin de exigir una investigación a fondo sobre una práctica que no tiene por qué ser normalizada en un estado de derechos regido por valores democráticos.