En un cambio sin precedentes para el sistema de identificación en México, el gobierno federal anunció la transformación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en una versión con datos biométricos, cuya implementación completa se prevé para 2026.

La medida busca modernizar y robustecer la identificación oficial del país, pero ha generado dudas y debates sobre su obligatoriedad, plazos y usos.

Durante 2025 se dieron pasos legales y técnicos para la transición. El 16 de julio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma la Ley General de Población para incorporar fotografía, huellas dactilares y escaneo de iris al registro nacional de identidad, lo que convierte a la CURP en un documento con biometría.

Aunque la obligación legal ya está establecida y el esquema de implementación en marcha, la exigencia de la CURP biométrica para trámites específicos empezará de forma escalonada, con un despliegue nacional en 2026.

Este calendario y los usos proyectados marcan la pauta para dependencias públicas y privadas que deberán adaptarse al nuevo estándar.

Expertos y autoridades coinciden en que la medida persigue mayor seguridad y confiabilidad en la identificación, con la intención de reducir fraudes, suplantación de identidad y errores administrativos, además de facilitar la interoperabilidad entre sistemas de gobierno.