Se calienta la elección en el estado. 

La detención esta mañana del precandidato perredista a la alcaldía de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez nos trajo a todos con el Jesús en la boca desde que Sergio Cadena, dirigente del sol azteca en el estado, acusó directamente al gobernador de lo ocurrido.

Nos sorprendió y no, ya que todos sabemos que tanto al gobernador como a su secretario de gobierno le sacan ronchitas los candidatos que no sean de su partido.

Al principio dijeron que había sido un “levantón”, que había llegado un comando armado a llevárselo de su negocio y que dios sabe a dónde lo tendrían.

Después que no, que no se lo habían llevado, que había sido detenido. El tema es que se armó un escándalo tremendo debido a que ese tipo de detenciones tiene todo el sello de “Bola ocho”, quien ya se siente más chicho que el Llanero Solitario.

El asunto llegó hasta la CDMX y los perredistas, que andan ya poco más que hartos por lo que ellos califican como abusos por parte del gobernador y su escudero, dijeron a viva voz que no se iban a dejar y que exigirán que pare el acoso hacia sus militantes por parte de la autoridad en nuestro estado.

Bueno hasta Jesús Zambrano respingó y en sus arengas sacó de nuevo a Rogelio Franco, que sigue encarcelado y exigió la presentación con vida del militante hoy detenido.

Me imagino que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, debe tener al menos un día o dos a la semana agendados para atender a los quejosos de nuestro estado, que corren a buscarla para acusar a Cuitláhuac y su comitiva.

Tan malo el pinto como el colorado, es cierto, pero como que al PRD en Veracruz sí se le está cargando la mano. 

Es de cobardes, usted no me dejará mentir, hacer uso de la autoridad y de la fuerza pública para demostrar que se tiene poder, pero igual es de cobardes -- o de ineptos, si así lo quiere ver-- querer echar abajo una ley por la que uno mismo votó.

Y tal es el caso de los 18 diputados locales que interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso para declarar inconstitucional la reforma al Código Penal del estado aprobada el mes pasado y que reconoce como vigente el  delito de “ultrajes a la autoridad”.

Sí, de seguro adivina. Muchos de los que hoy se quejan estuvieron ahí de levanta manos pese a que algunos les advirtieron que iba en contra de las garantías individuales y que atenta contra los derechos humanos.

Se dieron un balazo en el pie, sin duda, y más todavía en un gobierno como el actual, que como dijera el clásico ningún chile les embona y tienen un delirio de persecución espantoso, pues según ellos todo el mundo los ataca.

A ver cómo le hacen para remediarlo. Seguro ni leyeron lo que estaban aprobando, pero para hacerle como que trabajan votaron a favor.

Nada nuevo en nuestros legisladores.