Si creíamos que grupos delictivos sólo cometen el delito de despojo, nos equivocamos porque conforme pasen los años, están operando con empresarios, políticos y caciques para que desposeer de tierras, inmuebles y empresas a cientos de mexicanos, bajo el amparo de autoridades locales y federales, bajo la impunidad que dan algunas leyes y reglamentos federales, estatales, municipales y hasta comunales. Claro, bajo una red de complicidades en la cual participan abogados y notarios públicos, fiscales y jueces agrarios. 

El despojo de tierras es un fenómeno en ascenso, penetrante y sus víctimas elevan gritos en silencio porque pocos atienden sus reclamos y denuncias. Documentados están los campesinos de la Tierra Caliente de Guerrero, Michoacán y Estado de México donde los grupos delincuenciales, bajo amenazas o asesinatos, obligan a su “venta” de tierras que parecen insignificantes o poco atractivas para el común de la gente, pero que son ricas en su subsuelo para explotación minera o para instalación de laboratorios, además de su ubicación estratégica en las rutas del narcotráfico que pasan por esa zona del Pacífico.

En la Ciudad de México y la zona conurbada de los municipios del Estado de México operan bandas bien articuladas que invaden predios, incluso reservas naturales, y despojan propiedades ya construidas (casas o departamentos) a los ojos de autoridades a familias que adquirieron sus viviendas en esas unidades llamadas “ciudades dormitorio”. En la capital del país, la Fiscalía General de la CDMX tiene abiertas carpetas de investigación que involucran al menos a tres grupos delictivos que operan desde narcomenudeo, trata de personas, extorsiones, secuestros y ahora quieren tomar el control de la vivienda popular. Esto pudo observarse en la Unidad “Fuerte Loreto” en la alcaldía Iztapalapa donde estaban ocupados 32 departamentos por personas introducidas por esos grupos.

La cadena de despojos está ubicada en las alcaldías Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, además de inmuebles en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Cuidado, porque en su afán por perseguir el delito común, los despojos están siendo aprovechados por estos criminales bajo una careta distinta que lo mismo sorprende a autoridades que a organizaciones sociales. 

La invasión de tierras de alto valor ambiental es un fenómeno que estuvo latente en Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, por parte de grupos delictivos asociados a intereses empresariales. Así como pasó con el cerro de San Miguelito, San Luis Potosí, y denunciado por Julio Hernández López, hace unos días estuvo circulando un video denuncia sobre las playas de Playa Bacocho, la única playa limpia certificada de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, invadida por constructores inmobiliarios bajo el supuesto aval de proyectos sustentables. Se trata de la construcción de ochenta departamentos de lujo cuya inversión corre a cargo de Oxean-Puerto Escondido y la obra estaría a cargo de Proyecta Gerencia. La empresa que ejecuta el proyecto presentó el número de autorización “en materia de impacto ambiental” expedido por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT-UGA-1691-2020) así como la licencia de construcción emitida por el Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec (SPM/DDU/01779/2020).

El pasado 29 de marzo, en este espacio denunciamos que en “Puebla, crónica de un despojo” teniendo algunas reacciones y la probable consumación de un despojo cuyo fin no es comunal, ni ambiental, sino algún negocio en que estarían involucrados caciques, autoridades municipales y estatales.

Hicimos réplica de las denuncias que realizaron comuneros del municipio de Huehuepiaxtla, Puebla, contra a las familias Chávez Ramírez y Chávez Castellanos de despojar a familias enteras de cientos de hectáreas de tierras, bajo la protección y complicidad de autoridades locales y del Tribunal Superior Agrario. El caso más reciente, el intento de despojo y desalojo de uno de los integrantes de la comuna, Maximino Flores, a quien pretenden despojar de varias hectáreas que son de su propiedad, su economía familiar y su productividad.

 Maximino Flores Herreros, propietario de 22 hectáreas de tierra, víctima de estos caciques acusa que el Tribunal Superior Agrario recientemente, y con todo descaro, emitió un fallo a favor de los caciques de este municipio. Los pobladores señalan como autores de una maquinaria de despojo de tierras a la familia caciquil: Abel Chávez Ramírez, Clara Guadalupe Chávez Ramírez, Ruperto Honorio Chávez Ramírez y a Ramiro Castellanos Chávez. Ante las denuncias que presentamos diversos medios, el gobierno del morenista Miguel Barboza envío a una funcionaria menor de la Secretaría de Gobierno, Dulce María García, quien bajo la amenaza de “aceptas la propuesta o te vamos a desalojar y hasta aprehender a ti y tu familia” forzó supuestas reuniones de acuerdos en la asamblea comunal el pasado 17 de abril y el 1 de mayo. En la primera, a pesar de la convocatoria en la casa de gobierno, ninguna autoridad se presentó, ganando tiempo con una coacción para evitar denuncias públicas, sin embargo, y bajo coacción a la mayoría de la asamblea de comuneros se acordó despojar a Maximino de sus 22 hectáreas. 

Una persona que forma parte de la asamblea comunal, acusó que en esta reunión no hubo ningún acuerdo y sí se está cometiendo un atropello contra Maximino Flores: “Yo soy comunera y estuve en la reunión a la que se acordó en Puebla en la reunión anterior que tuvieron las partes involucradas se acordó que asistiría alguien del Gobierno del Estado, pero no vino nadie, ni del gobierno del estado ni de la Procuraduría Agraria.  Era importante alguien externo para dar fe de lo que pasó, en fin. No sé llegó a ningún acuerdo. Yo manifesté que nunca supe de esa demanda de la que se desprende el despojo y que por supuesto tampoco di mi firma para demandar. Lo ilógico es que la presidenta del Comisariado Clara Guadalupe Chávez Ramírez y Delfina Guadalupe Chávez Ramírez dicen que no son ellos ni el comité quienes quieren desalojarlos de sus tierras que son los tribunales; si los tribunales por una demanda que alguien pidió meter al tribunal, los mismos que hoy estuvieron en esta reunión pidiendo que se les deje su casa pero que no se les deje tierras para sembrar.  Lo lógico según mi percepción de comunero es que si mediante una denuncia los están haciendo entrar al régimen comunal pues les deben de dar el derecho como todo comunero, de usar sus tierras de siembra que son su sustento”, relató.