No hay que ser brujos, pitonazos ni adivinos para saber que el resultado de la consulta de revocación de mandato será arrolladoramente favorable al presidente de la República. Avasallaría por encima de las expectativas que él mismo se ha planteado como meta, pues es claro que todos los afines a la 4T están en un gran ensayo como si se tratara de una elección presidencial. Y algo hay de eso, porque como hemos comentado anteriormente, este ejercicio servirá mucho para evaluar el nivel de músculo sociopolítico de los operadores electorales morenistas, petistas, verdes, del magisterio disidente y hasta gordillistas.
Daniel Cosío Villegas en su ensayo sobre la “Sucesión presidencial de 1976” apuntó que, en la cultura política del mexicano, el carisma del mandatario se trasladaba mágicamente a la institución presidencial. “Un don gratuito que concede Dios con abundancia a una criatura. Es pues el carisma un don divino, que cae del cielo, y, además, en abundancia”. Por eso, en México, el Tlatoani atrae lo mismo al pueblo común y corriente que, a toda la clase política y empresarial en actitud reverente, de despertarles esperanza y aun la seguridad de que ese ser les va a resolver cualquier problema, de cumplir toda promesa, de satisfacer no importa qué necesidad o capricho.
El presidente Andrés Manuel, pues ganará, así salga perdiendo, lo hemos reafirmado varias veces. Es el mandatario con más votos en la historia de la democracia de nuestro país, quien goza de mayor aceptación, popularidad y legitimidad incuestionables. La consulta, sin embargo, tiene fines más propagandísticos que democráticos.
Y en esto residen los fines reales de la consulta revocatoria: uno, para que con el análisis cuantitativo de resultados se valoren a muchos suspirantes a candidaturas de elección popular por los partidos aliados en la 4T, incluyendo a los presidenciables; segundo, para que demostrarle al resto de los mexicanos y al mundo que el presidente mexicano, contra todos los pronósticos pesimistas, goza de cabal salud política y con fuerza social viva y activa apoyando a su régimen; y tercero, para que esta fuerza le permita doblar a sus adversarios, que condicionan las reformas eléctrica y político-electoral.
Si bien no se esperan los más de 30 millones de votos que obtuvo en 2018, sí hay un meta: dadas las circunstancias del número de casillas y tratándose de una consulta y no una elección federal, si se logran superar los diez millones de votos a su favor serán cualitativamente celebrados para ir sobre las dos de sus reformas emblemáticas. Por eso, un ejercicio democrático que no merece ser enturbiado por acciones y mensajes de amplia torpeza política que a nadie beneficia y sí, en cambio, lastima la vocación del presidente por marcar su diferencia con otros regímenes.
Por lo pronto, detrás de los fabulosos números de Poligrama difundidos por la cuenta de Morena, debe tener preocupados a las “corcholatas”, pues refleja que no todo es miel sobre hojuelas sobre la aprobación para AMLO: mientras en Tabasco de Adán Augusto tiene una aceptación del 82.52% en la CDMX de Sheinbaum está en 59.11%, en Zacatecas de los Monreal 51.75%. Si esto se refleja el domingo 10 de abril, sin duda las señales del respaldo político presidencial para el 2024 cambiará, así “den por muerto” al “caballo negro”.
Hay que leer qué piensa el mexicano con estos datos, porque estar bombardeado por esta grotesca campaña de Estado estaría produciendo un efecto contrario a lo que desean los morenistas. Esto lo traigo a colación porque los ciudadanos “de a pie” como se dice comúnmente, hemos sido testigos de un despliegue propagandístico similar al de 2003 en la entonces perredista Ciudad de México, cuando en forma grotesca había recursos públicos y muchos favores privados que, hasta banquetas, parques, baños públicos y los portacables de los trolebuses eran ocupados para promocionar al PRD del Distrito Federal y a sus candidatos. Sobra decir que muchos de los perredistas de entonces son los mismos a los morenistas de hoy, quienes con esto demuestran que no aprendieron la lección, pues hay que recordar que gran parte de esos gastos de campañas tenían su origen desvío de recursos y capital privado de empresarios de poca monta, como Carlos Ahumado Kurtz, el de los videoescándalos del 2004, cuando en contubernio con los enemigos del entonces jefe de Gobierno explotó las filtraciones, supuestamente por incumplimiento de acuerdos con los perredistas de entonces.
Por eso, para no restarle legitimidad a la inminente segunda victoria presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el partido y sus presuntos patrocinadores de este despliegue propagandístico harían bien en transparentar los gastos y evitar que la promoción y el empuje de las reformas eléctrica y política se contaminen. Porque hoy, por ejemplo, la eléctrica de no pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejarán todo en manos del Congreso de la Unión, donde la alianza de la 4T no cuenta con la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los legisladores federales.
Y más aún, el entuerto político se complica porque la semana pasada el titular del Ejecutivo federal anticipó una reforma política que ya levantó cejas de más de un democrático analista, pues consideran viene un retroceso a antes de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPPE de José López Portillo, promulgada en 1977. Uno de ellos, el ex presidente de la Cámara de Diputados y protagonista de las reformas de 1996 a 2006, Porfirio Muñoz Ledo, quien acusa que se pretende crear una “Cuatroteocracia”, un modelo electoral igual a la época de Adolfo Ruiz Cortínez, donde todo estaba centrado en el Ejecutivo federal y no había espacios para las minorías.
La democratización del país, acelerada por las reformas políticas desde 1996 podría ser detenida justo cuando se había alcanzado la alternancia democrática y prácticamente estábamos entrando en una real transformación institucional. El problema es que, a la luz de los puntos anteriores, en lugar de alcanzar otro nivel de perfeccionamiento, confianza y libre competencia, la democratización tiende a retrasar sus pendientes y a enfrentar nuevos dilemas.
Para el presidente de México, esta reforma tiene como fin acabar con la partidocracia y que no sean los partidos los que impongan, según su negociación entre ellos, quiénes serán magistrados y jueces electorales, sino que sea el voto ciudadano el que decida, y que el candidato que más votos reciba, será el Consejero Presidente del INE. El problema es que estos prospectos a ser votados por “el ciudadano” serán a propuesta del titular del Ejecutivo federal. El otro punto, es acabar con un modelo electoral oneroso, costoso y hasta ofensivo para una población como la nuestra con tantas carencias. Sí, estamos de acuerdo, pero hay que apuntar que este sistema tan costoso es precisamente porque los partidos y sus dirigentes lo han basado en la desconfianza absoluta, por eso hay un ejército de funcionarios del IFE ahora INE que vigilan paso a paso desde un anuncio publicitario hasta el gasto de una hoja de papel en una elección, además de investigar, contratar empresas especializadas y demás. Si no fueran tan desconfiados ni tan tramposos, podríamos ser más ahorrativos.
¡Qué viva la democracia! Por eso hay que defenderla, que los ciudadanos salgan a participar o no en libertad; sin amenazas ni estigmatizaciones; sin miedo a ser acusados de traidores o “conservadores si con cruzar los brazos y no acudir a las urnas también es una señal de rechazo a sus métodos. Que no nos confundan, porque estamos seguros que hay que hacer este ejercicio netamente ciudadano, no partidista, no gobiernista, para que en estos ejercicios que en el mediano plazo sirvan para echar afuera a los malos gobiernos. Los ciudadanos debemos dar muestras de madurez cívica por encima de las malas señales que mandan nuestros gobernantes y nuestra clase política.
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