La palabra universidad deviene del latín universitas, que la cultura clásica romana la entendió como el conjunto de todas las cosas. En la actualidad, la Ley Orgánica de la UNAM, en la fracción II del artículo 2°, indica que ésta tiene derecho para impartir sus enseñanzas y desarrollar sus investigaciones, de acuerdo con el principio de libertad de cátedra y de investigación.

Lo anterior es necesario recordarlo, pues son pinceladas para demostrar que desde siempre a la universidad se le ha reconocido —entre otras cosas— como centro de libertad y de pluralidad.

Hace unos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —en coordinación con la Facultad de Derecho— hizo posible un diálogo plural para analizar los posibles efectos que tiene la reciente reforma electoral, denominada plan B, en torno a la justicia electoral.

Después de la sesión inaugural a cargo del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, la primera mesa de análisis estuvo conformada por la magistrada electoral María Silva Rojas; el diputado Sergio Gutiérrez Luna; el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello; el doctor Leonardo Valdés Zurita, y el doctor Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Gutiérrez señaló que la reforma electoral busca de manera primordial lograr la austeridad en el gasto público, y opinó que la independencia del árbitro electoral debe ser fortalecida siempre con la virtud de la prudencia, que ha brillado por su ausencia.

El consejero Córdova aseguró que la actual intimidación al árbitro electoral, a través de denuncias, rompió la estabilidad y la institucionalidad que habían caracterizado a las reformas electorales desde 1977.

Asimismo, enumeró los cinco grandes pilares en los que —a su juicio— reposa nuestro sistema electoral y que se deben preservar: la autonomía del poder respecto de los Poderes e independencia frente a los partidos políticos de los órganos electorales, el servicio profesional de carrera, la presencia desconcentrada del Instituto Nacional Electoral en todo el territorio nacional, la credencial para votar y la equidad en la contienda.

Por su parte, la magistrada Silva destacó que dentro del plan B, la única ley que se abrogó y expidió una nueva es la relativa a los medios de impugnación en materia electoral. Esta nueva ley permite la unificación de medios de impugnación en dos figuras: el juicio electoral y el juicio de revisión constitucional electoral de alzada. Además, destacó la integración de la suplencia en los medios de impugnación, señalando que, en conclusión, en este tema la reforma electoral es positiva.

El doctor Valdés destacó que en 21 intentos de reforma electoral que se han aprobado, siempre estuvieron presentes dos preocupaciones: el control del proceso electoral y la legitimidad del mismo. Y calificó a la reforma actual como autoritaria, pues careció de consensos.

Por último, el doctor Cárdenas Gracia expuso que desde 1996 ya se planteaba el tema de reducción de la estructura del otrora Instituto Federal Electoral, sin embargo, fueron voces minoritarias que no prevalecieron. De manera muy interesante dejó una interrogante importante: el papel del Poder Judicial en materia electoral, que en ocasiones llega a invadir el ámbito materialmente legislativo.

El plan B ya ha sido promulgado y es vigente. Se terminaron las discusiones políticas y académicas. Ahora es el momento del Poder Judicial, que deberá determinar su constitucionalidad. La universidad de la nación volvió a ser el foro de discusión plural y centro de reunión de inteligencias.

Como Corolario, las palabras de Voltaire: “Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero daría mi vida por defender que usted pudiera decirlo”.