Arnoldo Cuéllar
1.- Miles de mujeres en las calles no pueden ser ignoradas
El reclamo de las mujeres de Guanajuato, cada vez más en número, con mejor organización, indignadas y combativas, por su derecho a una vida libre de violencias y acosos, no ha podido ser ignorada por la pesada estructura patriarcal de las instituciones políticas y sociales de un estado que solo quiere modernizarse en algunos aspectos y persistir anclado en el anacronismo en su mayor parte.
Hoy tenemos tres mujeres buscando la gubernatura de Guanajuato, lo que sobre todo es noticia en el caso del PAN, un partido que ni siquiera ha podido tener gabinetes paritarios en el gobierno estatal ni una presidenta mujer en su comité directivo.
De no ser por la obligatoriedad de las medidas afirmativas de equidad, difícilmente lo habríamos visto en las diputaciones y los ayuntamientos. Aunque es justo decir que tampoco el resto de los partidos asombra por su vanguardismo en la materia.
Sin embargo, el avance de las mujeres en la política será absolutamente insuficiente, si a su vez no se refleja en políticas públicas generales con perspectiva de género, que impacten a toda la sociedad.
Los pendientes son abrumadores. No hablamos ni siquiera de los anodinos Institutos de las Mujeres, el estatal y los municipales, insustancial refugio de burócratas y espacio para las cuotas partidistas, sino de imbuir a todas las dependencias del gobierno de una visión genuina que incorpore la atención a los desniveles acumulados históricamente.
Resulta insulso, por ejemplo, que se pretenda vender como política “de equidad” la estrategia de dádivas del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez para fortalecer la candidatura del PAN.
Los mil pesos mensuales de la tarjeta rosa iban a servir lo mismo para el fracasado proyecto de hacer candidato a Jesús Oviedo, que el plan B de relevarlo con Libia Dennise García. El programa, desarrollado por la pandilla de señores que forman Juan Carlos Alcántara, Aldo Márquez, Héctor Salgado y Javier Torres, entre los principales, difícilmente ve más allá del impacto electoral, sin perspectiva de empoderamiento de las mujeres.
Y fue tan defectuoso en su arranque, que logró precisamente lo contrario de lo que pretendía su retórica, al obligar a las mujeres beneficiarias a hacer largas colas e incluso pernoctar ante farmacias del ISSEG para recabar el cobro de los mil pesos, en diciembre pasado.
Si a algo obligan las movilizaciones que vimos este viernes 8M en muchas ciudades del estado, algunas de ellas sin precedente, es a que las mujeres que hoy buscan el voto de las y los guanajuatenses asuman la bandera de la igualdad con total honestidad y pleno compromiso, sin las simulaciones a las que han sido tan afectos los políticos varones.
Se trata de oportunidades iguales, no de dádivas. De piso parejo, no de utilización. De comunicación franca, no de discursos condescendientes y de acarreo masivo para convertirse en escenografía de ambiciones políticas.
La energía de las manifestaciones feministas, incluso su eventual desbordamiento, constituye un activo social nuevo en el Guanajuato que está por construirse, que merece encontrar una adecuada interlocución en esas otras mujeres que hoy tienen la oportunidad de protagonizar el debate político formal en las instituciones modeladas por criterios masculinos y que aún están pendientes de reformar.
El feminismo, como el movimiento, no se declara, se demuestra andando. En cambio, pretender cambiar para que todo permanezca igual, sería un grave error y un enorme desperdicio.
2.- ¡Es la seguridad, estúpido!
Será difícil encontrar otro tema con la misma centralidad en la campaña electoral en Guanajuato. La recuperación de la paz es el piso sin el cual difícilmente puede pensarse en edificar otros proyectos para la entidad.
La crítica a los funcionarios responsables de la seguridad fue el argumento bajo el cual partieron las campañas de las opositoras Alma Alcaraz de Morena y Yulma Rocha de Movimiento Ciudadano.
La respuesta en el primer saque de la candidata panista Libia Dennise García, fue anunciar la no continuidad de los dos personajes más señalados en los discursos opositores: Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad; y Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal del Estado.
La definición, que es un plan a futuro, no bastó para desmovilizar a la oposición, que también debe tener medida la importancia del tema en la mente de los electores. Claudia Sheinbaum dijo en León que no bastaba con que se fueran dos, sino que tenían que irse todos los panistas del gobierno. Yulma Rocha llamó a la medida de Libia un recurso de “rómpase en caso de emergencia”.
Queda claro que el tema de la seguridad, el combate a la incidencia delictiva y la reconstrucción de la paz seguirán ocupando un espacio privilegiado en el debate. Sin embargo, al quitar la relevancia de los personajes que más mala imagen han acumulado, queda abierta la posibilidad de ir a fondo y discutir los “cómos” en cada una de las ofertas.
Por cierto, llama la atención que no solo el gobernador que no solo el gobernador Diego Sinhue lloró la partida de Zamarripa, sino que también líderes empresariales como José Abugaber e Ismael Plascencia salieron a decir que el fiscal y el secretario de seguridad hacen bien su trabajo y no hay motivo para removerlos.
El hecho de que Guanajuato padezca el mayor número de homicidios en términos absolutos, un alto grado de impunidad, y el incremento de delitos patrimoniales y extorsión, no les quita el sueño a los potentados a quienes les basta con una llamada a los funcionarios para resolver sus eventualidades, algo que la mayoría de la población no tiene a su alcance.
Por ello resulta más importante el debate sobre las medidas a tomar para enfrentar la crisis de inseguridad, pues de entrada cualquier estrategia emergente corre el riesgo de ser torpedeada por los poderes fácticos que se habían acomodado pese al complicado escenario que padece la mayoría.
Por lo pronto, la candidata panista ha anunciado la conformación de un consejo de expertos, algunos de cuyos integrantes han tenido responsabilidades públicas, otros son especialistas desde la academia y también hay comunicadores y activistas.
Desde la oposición se ve difícil replicar a esa plataforma con algo que se le parezca. La morenista Alma Alcaraz se limitó a retratarse con Omar García Harfuch, el policía que fracasó en su incursión como político pero que está convertido en un rockstar del oficialismo.
Yulma Rocha anuncia medidas aisladas, sin embargo, en Movimiento Ciudadano tiene al alcance a un verdadero experto que conoce bien Guanajuato, como el consultor Bernardo León Olea, quien podría aportar un plan más articulado.
La crisis de la seguridad ha llegado a su máximo. El hecho de que ni las complicidades empresariales ni la complacencia del gobernador saliente hayan podido hacer sobrevivir por más tiempo a los poderosos zares de la seguridad y la persecución de los delitos, evidencia que el costo pasó de ser social a electoral, lo único que verdaderamente preocupa a un político en campaña.
Pero, un simple relevo de figuras, un mero cambio de nombres, ya no parece ser suficiente. Con una ciudadanía involucrada y dispuesta a sancionar las omisiones y las promesas rotas, más vale que la discusión vaya al fondo y sea tomada en serio por las nuevas actoras de la política en Guanajuato.
3.- Se olvida la UG de que “la verdad os hará libres”
Es doctor en derecho por la Universidad Michoacana y licenciado en derecho por la Universidad de Guanajuato. Sin embargo, dentro de esos vastos estudios que incluso le hicieron merecedor de una mención honorífica por parte del doctorado interinstitucional de la ANUIES, Eduardo Pérez Alonso no parece haber aprovechado la parte ética del ejercicio de su profesión.
El director de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato mintió palmariamente en un comunicado oficial emitido la semana pasada para suspender las actividades docentes y administrativas en sus instalaciones, pretextando para ello un “incremento de los casos de COVID-19”.
La suspensión, durante los días 7, 8 y 9 de marzo, englobó casualmente la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fecha que ha concitado desde hace unos años manifestaciones de mujeres jóvenes, buena parte de ellas universitarias, de tono crítico hacia las instituciones y su falta de políticas contra las diversas discriminaciones y acosos.
En días anteriores a la circular, alumnos de esa división denunciados por la propia Universidad por hechos relacionados con una toma pacífica del edificio central en septiembre pasado, han estado inmersos en un activismo defensivo para evitar ser procesados por la Fiscalía del Estado. La marcha feminista de este año reivindicó el derecho a la protesta y exigió el alto a la criminalización.
El falso brote de COVID-19 fue desmentido por las autoridades de salud del estado, las únicas facultadas para hacer ese tipo de declaraciones con base científica, por lo que resulta palmariamente evidente que solo fue un pretexto para impedir una posible ocupación de las instalaciones universitarias o una protesta dentro de las mismas.
La mentira cayó por su propio peso en la misma Universidad cuando el viernes se celebró la entrega de un Doctorado Honoris Causa a la antropóloga feminista Marcela Lagarde, irónicamente en una ceremonia a puerta cerrada dónde hubo muchos funcionarios pero pocas feministas, sin adoptar ninguna medida higiénica en relación al supuesto brote de COVID-19.
Cerrar la Universidad bajo el argumento de evitar confrontaciones, podría haberse calificado como exceso de precaución, incluso de paranoia y exceso restrictivo, pero al menos no hubiese sido una mentira flagrante.
Haber elegido el pretexto del virus constituye una falta de respeto a los ordenamientos de salud y a las víctimas de la fatal epidemia de hace algunos años, además de ser un recurso torpe y pueril para todo un doctor en derecho y sus asesores, seguramente igual de cualificados académicamente.
Si Pérez Alonso ideó por su cuenta esta mentira, si no le dio su visto buena la rectora general Claudia Susana Gómez, la Universidad debería de investigarlo, a menos que la verdad ya no sea un valor en esa casa de estudios. No es cosa menor suspender actividades académicas y administrativas por tres días bajo una flagrante falsedad.
Si eso ya no importa en una casa de estudios superiores, definitivamente algo huele a podrido en Dinamarca.
